Honduras ocupa la posición 157 con una nota de 23 de 100 puntos posibles
La corrupción lleva una década enquistada en América Latina, con escasos avances y muchos retrocesos en materia de democracia y derechos humanos, según Transparencia Internacional (TI) que, este martes alertó del deterioro especial en Centroamérica en su Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de 2021.
Prácticamente ningún país puede presumir de mejoras importantes en estos últimos diez años en los que se lleva publicando el índice, puesto que la gran mayoría apenas han registrado avances o incluso han retrocedido en la clasificación que TI elabora cada año.
A la cabeza repiten Uruguay y Chile, con 73 y 67 puntos respectivamente sobre un máximo de 100, mientras que Venezuela (14) y Nicaragua (20) siguen siendo los países más corruptos de la región según ese índice.
Del resto, el único que aprueba es Costa Rica, con 58 puntos, al que siguen Cuba (46), Colombia (39), Argentina, Brasil (38), Ecuador, Panamá, Perú (36), El Salvador (34), México (31), Bolivia, República Dominicana, Paraguay (30), Guatemala (25) y Honduras (23).
El informe repasa también la evolución en estos últimos diez años de clasificaciones: Paraguay es el único que ha mejorado significativamente su puntuación; Chile, Guatemala, Honduras, Nicaragua o Venezuela han caído considerablemente.
TI muestra especial preocupación por la situación en Centroamérica, donde alerta del creciente autoritarismo en Nicaragua y El Salvador. En Nicaragua, la concentración de poder ha permitido que el Gobierno de Daniel Ortega viole los derechos humanos y se burle del sistema electoral, denuncia la ONG.
En El Salvador, el Gobierno de Nayib Bukele ha emprendido una deriva autoritaria con medidas que socavan la independencia del poder judicial y con ataques públicos a organizaciones de las sociedad civil, activistas y periodistas independientes.
Honduras (23), nombrado como país a vigilar el año pasado , siguió en declive en 2021. Sin embargo, en noviembre pasado se eligió como presidenta a Xiomara Castro, quien se ha comprometido a eliminar las leyes que han facilitado la impunidad.
Sobre Venezuela, subraya que no solo se sitúa a la cola de la clasificación, sino que ha obtenido la puntuación más baja de su historia y el país es uno de los más corruptos del mundo. Dice que en México no se ha avanzado nada este año pese a la retórica anticorrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador y destaca los grandes escándalos de corrupción que involucran a colaboradores del Gobierno y las críticas por uso político y electoral de la Fiscalía General.
Argentina es el país latinoamericano que más retrocede en 2021, pierde 4 puntos respecto a 2020, resultado de la sensación de impunidad derivada de la injerencia política en la Justicia y, sobre todo, de los escándalos relacionados con el proceso de vacunación.
Entre las democracias más robustas de la región destacan Uruguay y Chile. El primero consigue mantenerse, demostrando que la solidez de las instituciones, la independencia judicial y los derechos fundamentales son claves para combatir la corrupción.
En cambio, Chile sigue estancado en los 67 puntos desde 2017. Sin embargo, TI celebra que el país tiene una “oportunidad única” para revertir esta tendencia si incorpora elementos anticorrupción en la propuesta de una nueva Constitución.
El camino a seguir
Las cuatro recomendaciones globales que Transparency International está haciendo este año son clave para garantizar que las Américas terminen con el flagelo de la corrupción y superen una crisis de democracia y derechos humanos que se está desarrollando.
Además, los gobiernos de la región deben tomar acciones decisivas para fortalecer la transparencia, integridad e independencia de sus sistemas de justicia, proporcionando recursos financieros y técnicos y ofreciendo protección a los fiscales asignados a investigar casos de corrupción y abusos a los derechos humanos. También deben proteger a los denunciantes e incluir las perspectivas de las mujeres y los grupos vulnerables en sus estrategias anticorrupción.
Ante la grave situación en la región, la comunidad internacional debe apoyar a la sociedad civil, activistas, periodistas independientes y denunciantes. De manera similar, los países donantes y las agencias de crédito multilaterales y regionales deben fortalecer su evaluación de la corrupción y el respeto por los derechos humanos al otorgar préstamos. También deberían exigir transparencia en los proyectos financiados internacionalmente y el establecimiento de mecanismos de seguimiento independientes.
