El ex presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), José Luis Moncada, advirtió que no se pueden usar el Fondo de Seguro de Depósitos (FOSEDE) para cubrir pérdidas que pueda generar el cierre de la empresa mercantil Koriun Inversiones.
La empresa operaba como financiera captando recursos del público sin permiso de la CNBS, pagando intereses de 20% en una inminente actividad ilegal calificada de “estafa Fonzi”.
El anuncio de presidente de la CNBS, Marcio Sierra de cobertura estatal de los fondos de Koriun, despertó las alarmas de economistas y en el sistema financiero nacional que aporta recursos al FOSEDE para responder ante los ahorrantes.
“El Gobierno no puede utilizar esos fondos porque esos fondos pertenecen a los bancos y a las instituciones supervisadas que depositan y crean ese fondo para casos extremos de liquidación o condiciones extremas de una de las mismas instituciones supervisadas. Si el Estado va a querer cumplir con esas obligaciones va a tener que ser con recursos del Estado, pero no con los fondos de FOSEDE y creo que en este sentido la banca nacional no va a acompañar ni va a apoyar que esto proceda”, ya que como usted mismo lo ha dicho, son fondos de los supervisados y no es correcto”, dijo Moncada.
El analista consideró que el proceso tampoco fue el adecuado porque no se debió permiitir a una empresa mercantil operar por años y captando cantidades millonarias (240 millones de lempiras decomisados).
Explicó que el Código de Comercio establece la creación y la operación de estas instituciones que no son supervisadas por la CNBS, y por eso tienen una condición bastante abierta, no tienen tantos requisitos del ente supervisor y tampoco analizan y ven el riesgo que están exponiendo los recursos de los depositantes.
“Esto lo que conlleva es que hay un vacío de supervisión a estas instituciones, lo que es necesario es crear una Superintendencia de Sociedades Comerciales para que puedan tener un control. A mí particularmente me parece que la Comisión de Bancos debe periódicamente estar investigando cuál es el comportamiento de estas instituciones y si ve anomalías, hacer el expediente correspondiente y pasarlo al Ministerio público para que actúe de oficio, no llegar a estas condiciones que tenemos en este momento que realmente mandan un mensaje muy negativo sobre el sistema financiero”, apuntó.
Moncada opina que el caso se pudo manejar de manera distinta, en el sentido de intervenir y coadministrar la financiera para buscar soluciones inmediatas. “Todavía no entiendo por qué capturar o llevarse el dinero de la institución, si usted resguarda la institución y hace el conteo ahí en la institución y pone personal calificado a operar nuevamente y entregar los recursos de todos los depositantes y poder normalizar las operaciones, pues tiene un efecto práctico más rápido”, cuestionó.
En este momento, añadió, entiendo que la gente protesta porque se está llevando los recursos y ellos no saben cuándo va a regresar y cómo y cuándo se los van a entregar, es un tema que me parece a mí que es cuestión de decisiones u opciones a realizar.
En todo caso, reiteró, esa declarción que se le va a restituir los fondos y que el Estado garantiza, deberá ser con los fondos de lo que ha recuperado en este momento de esta financiera y tal vez de fondos que ponga el Estado, pero de FOSEDE no puede tocar ni un cinco porque no corresponde para ello.
La ley es muy clara en ese sentido verdad, y establece todo un procedimiento para entregar esos fondos y un monto individual independiente de lo que haya tenido el depositante, así que en este sentido la ley ampara a FOSEDE no entregar ningún fondo de una institución que no es supervisada.
También el economista Roberto Lagos criticó las declaraciones de la CNBS. “Escuché a cierto funcionario de la CNBS diciendo que el Gobierno va a reponer los recursos a los afectados. ¿Con qué base legal? ¿Qué artículo permite que el Estado garantice fondos de una estructura ilegal?”, cuestionó. Advirtió sobre las implicaciones fiscales y legales de semejante declaración.
Para Lagos, las actividades de Koriun eran claramente ilícitas, por lo que cualquier intento del Estado de resarcir pérdidas financieras derivadas de este tipo de esquemas carecería de sustento legal. “¿De dónde saldrán esos recursos faltantes? ¿De la Tesorería General de la República?”, preguntó.
Cualquier acción estatal tendría implicaciones legales para quienes lo autoricen ya que se trata de una empresa que no contaba con autorización para operar como institución financiera, es decir recibir fondos del público.
