Ante el aumento del endeudamiento externo latinoamericano por la pandemia del Covid-19 y las necesidades de financiamiento para la reactivación económica, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) proponen cinco medidas de política para afrontar los retos que plantea la agenda de financiamiento para el desarrollo a corto, mediano y largo plazo.
Una primera medida de política consiste en la ampliación y redistribución de la liquidez desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo a través de una emisión masiva de Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI). Una emisión y asignación hipotética de 500.000 millones de DEG nuevos, representaría 56.000 millones de dólares de reservas internacionales adicionales para las economías de América Latina y el Caribe.
La redistribución de la liquidez también puede llevarse a cabo a través de fondos multilaterales, como el Fondo para Aliviar la Economía COVID-19 (FACE) propuesto por el Gobierno de Costa Rica. El FACE se financiaría con recursos de las economías desarrolladas canalizados a través de los bancos multilaterales de desarrollo y constaría de 516.000 millones de dólares (un 3% del PIB de los países de ingreso bajo y medio o el 0,7% del PIB de los países desarrollados).
Una segunda medida de política se centra en el fortalecimiento de la cooperación regional aumentando la capacidad de préstamo y respuesta de las instituciones financieras regionales, subregionales y nacionales, y estrechando sus vínculos con los bancos multilaterales de desarrollo. También es necesario fomentar la cooperación y coordinación entre los bancos de desarrollo regionales, subregionales y nacionales. Los bancos nacionales de desarrollo han sido actores clave en la provisión de financiamiento, comprometiendo el equivalente a 93.000 millones de dólares de apoyo financiero contra el COVID-19.
Una tercera medida de política consiste en el acceso a un mayor financiamiento que debe complementarse con impulso una reforma institucional de la arquitectura de la deuda multilateral, que incluya la creación de un mecanismo internacional de reestructuración de la deuda soberana y de una agencia multilateral de calificación crediticia. La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI) del Grupo de los Veinte (G20) también debe ampliar su alcance, para incluir a todas las partes interesadas (es decir, el sector privado y las instituciones multilaterales) y a los países vulnerables de renta media, y debe extenderse más allá de 2021.
Una cuarta medida de política consiste en proporcionar a los países un conjunto de instrumentos innovadores destinados a aumentar la capacidad de reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento excesivo. Los instrumentos innovadores vinculan la capacidad de reembolso de los países a su exposición y vulnerabilidad a las catástrofes naturales (como en el caso de las cláusulas sobre huracanes) o a los altibajos del ciclo económico (como los bonos de contingencia vinculados a los ingresos o al Estado).
Como quinta medida de política, se propone integrar las medidas de liquidez y de reducción de la deuda a una estrategia de financiamiento para el desarrollo encaminada a construir un futuro mejor. La crisis actual debe aprovecharse no solo como una oportunidad para repensar la agenda de financiamiento para el desarrollo de los países de renta media, sino también como una ocasión para alcanzar un amplio consenso social y político que permita implementar reformas ambiciosas con el fin de emprender un proceso de reconstrucción sostenible e igualitario.
Asimismo, los esfuerzos de recuperación deben centrarse en fomentar la resiliencia. El Fondo de Resiliencia del Caribe se dedicará a atraer financiamiento a gran escala y de bajo costo para destinarlo a invertir en sectores verdes, a reducir la deuda mediante el canje de esta por adaptación al clima, y a apoyar la inversión en proyectos que fomenten la resiliencia.
Además de atraer financiamiento en condiciones favorables y otras fuentes de financiamiento, el Fondo de Resiliencia del Caribe se financiaría mediante una reducción de la deuda que representa el 12,2% del total de la deuda pública de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) del Caribe, que asciende a solo 7.000 millones de dólares.
El documento subraya que la orientación de las políticas de los países de América Latina y el Caribe también es fundamental a los efectos de construir un futuro mejor.
“El margen para aplicar políticas se puede aumentar si se eliminan la elusión y la evasión fiscales, y se hace caer el peso de la tributación en los impuestos directos y los que gravan la propiedad y el patrimonio. También se debe reorientar el gasto público hacia la creación de empleo y las actividades que son transformadoras y ambientalmente sostenibles. Para ello, en dicho gasto se deben priorizar la inversión pública, el ingreso básico, la protección social universal, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes), la inclusión digital y el desarrollo de tecnologías verdes”, concluye.
