Juez en EE UU falla otra vez contra programa DACA para inmigrantes ‘Dreamers’

Juez falla en contra de programa para hijos de migrantes en EE UU

El juez federal Andrew Hanen coincidió con Texas y otros ocho estados que presentaron una demanda para frenar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), una versión revisada de una política federal que impide la deportación de cientos de miles de inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños.

Se prevé que el fallo del juez será apelado ante la Corte Suprema, en la que sería la tercera ocasión que el máximo tribunal examina el programa.

Hanen, el juez designado por los republicanos, determinó que un reglamento de la administración Biden emitido el año pasado no remediaba las deficiencias legales que le llevaron a declarar ilegal el DACA en 2021 y bloqueó nuevas inscripciones al programa, que ha estado vigente por más de una década.

Hanen prohibió al gobierno aprobar nuevas solicitudes, pero mantuvo el programa intacto para los actuales beneficiarios durante el proceso de apelación previsto. Dijo que su orden no obliga al gobierno federal a adoptar medida alguna contra los beneficiarios del DACA.

Los estados alegan que, en primer lugar, el gobierno del presidente Barack Obama carecía de la autoridad para crear el programa en 2012, ya que eludió al Congreso.

En 2021, Hanen había declarado ilegal al programa, determinando que la medida no había sido sujeta a un aviso público y a los periodos de comentarios que establece la Ley federal de Procedimientos Administrativos.

El gobierno federal intentó satisfacer las preocupaciones de Hanen con una nueva versión del DACA que entró en vigor en octubre de 2022, la cual fue sometida a comentarios del público como parte del proceso formal de realización de disposiciones.

Pero Hanen, quien fue designado al cargo por el entonces presidente George W. Bush en 2002, falló que la versión actualizada del DACA continuaba siendo ilegal. Había señalado previamente que el DACA era inconstitucional y que le correspondería al Congreso promulgar una iniciativa que protegiera a las personas acogidas en el programa, a las que se les conoce como “dreamers”.

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