Una juez federal en California extendió este jueves el estatus de protección temporal (TPS) para 60.000 personas de Centroamérica y Asia, incluyendo aquellas originarias de Nepal, Honduras y Nicaragua. La demanda fue interpuesta por los propios afectados.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que las condiciones en sus países de origen ya no justificaban las protecciones.
Sin embargo, la jueza del Distrito de California, Trina L. Thompson dijo: “La libertad de vivir sin miedo, la oportunidad de la libertad y el sueño americano. Eso es todo lo que buscan los demandantes. En cambio, se les dice que deben expiar por su raza, irse por sus nombres y purificar su sangre. Este Tribunal no está de acuerdo”.
Las designaciones de TPS (por sus iniciales en inglés) para alrededor de 7.000 personas de Nepal estaban programadas a expirar el 5 de agosto. Las protecciones que permitían que 51.000 hondureños y casi 3.000 nicaragüenses residir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante más de 25 años vencían el 8 de septiembre.
Noem afirmó que tanto Honduras como Nicaragua habían hecho “progresos significativos” en su recuperación tras el paso del huracán Mitch en 1998.
La eliminación del TPS es parte de un esfuerzo a mayor escala por parte del gobierno para deportar inmigrantes en grandes números, ya sea yendo tras personas que están sin autorización legal en el país o mediante el retiro de protecciones que les permiten vivir y trabajar en Estados Unidos de manera temporal.
La Casa Blanca ya ha cancelado el TPS para cerca de 350.000 venezolanos, 500.000 haitianos, más de 160.000 ucranianos y miles de personas procedentes de Afganistán, Nepal y Camerún. Algunos casos aún se dirimen en tribunales federales.
Abogados de la National TPS Alliance argumentan que las decisiones de Noem no están basadas en un análisis objetivo de las condiciones en los países de origen, sino que fueron predeterminadas por las promesas de campaña del presidente Donald Trump y motivadas por animosidad racial. Aseguran que por lo general los designados tienen un año para salir del país, pero en este caso recibieron mucho menos tiempo.
“Les dieron dos meses para salir del país. Es terrible”, declaró Ahilan Arulanantham, abogado de la parte demandante durante una audiencia el martes.
El gobierno argumenta que Noem tiene autoridad clara e irrefutable sobre el programa TPS y que sus decisiones de terminación reflejan los objetivos del gobierno en las áreas de inmigración y política exterior.
El abogado del Departamento de Justicia, William Weiland, señaló que no es pretexto tener una visión diferente de un programa que proporciona un refugio temporal. “No está destinado a ser permanente”, subrayó.
La ampliación sería de dos meses, según los datos preliminares que pasarían la fecha de salida de EEUU para el 18 de noviembre de este año.
