El juez federal John Coughenour, a instancias de cuatro estados liderados por demócratas, emitió una orden de restricción temporal a la aplicación por parte del gobierno del presidente Donald Trump de una orden ejecutiva que recorta el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos, calificándola de “descaradamente inconstitucional”.
El juez John Coughenour, designado por Ronald Reagan y que tiene su sede en Seattle, concedió la solicitud del fiscal estatal de Washington, Nick Brown, y otros tres estados liderados por demócratas para la orden de emergencia que detiene la implementación de la política durante los próximos 14 días mientras hay más reuniones informativas en el desafío legal.
“He estado en el tribunal durante más de cuatro décadas. No recuerdo otro caso en el que la pregunta planteada fuera tan clara”, dijo Cougheno. “Es una orden descaradamente inconstitucional”, dijo el juez a un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos que defendía la orden de Trump.
“¿Dónde estaban los abogados?” cuando se tomó la decisión de firmar el decreto, preguntó el juez. Dijo que le “confundía” que un miembro del Colegio de Abogados afirmara que la orden era constitucional.
Los estados liderados por los demócratas buscan una orden de restricción temporal, ya que argumentan que el decreto de Trump es una flagrante violación de la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a todos los niños nacidos en suelo estadounidense “y sujetos a su jurisdicción”.
Lane Polozola, abogado del estado de Washington, dijo al juez que “los nacimientos no se pueden pausar” mientras el tribunal considera el caso. “Hoy en día, aquí y en los estados demandantes y en todo el país, nacen bebés con una nube sobre su ciudadanía”, dijo Polozola.
Los niños a los que se les niega la ciudadanía según la orden de Trump enfrentarán “impactos negativos sustanciales a largo plazo”, agregó.
Polozola también argumentó que la administración de Trump no solo ignoró esos daños en los documentos que ha presentado hasta ahora en la disputa, sino que ese daño “parece ser el propósito” del decreto.
La orden, firmada el lunes anterior, ya se ha convertido en objeto de cinco demandas por parte de grupos de derechos civiles y fiscales generales demócratas de 22 estados, que la califican de violación flagrante de la Constitución de Estados Unidos.
