El Senado abrió su segundo juicio político del ex presidente Donald Trump con cuatro horas programadas para un debate sobre la constitucionalidad de escuchar un caso contra un presidente que ya no está en el cargo. El debate concluirá con una votación y se espera que el Senado avance con el juicio.
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Los gerentes de juicio político demócratas alegan que Trump alentó a la mafia que irrumpió en el Capitolio el 6 de enero, diciendo que Trump “no tiene excusa o defensa válida” para sus acciones. Los abogados de Trump dijeron que él no incitó a la multitud y que los alborotadores que violaron el Capitolio “lo hicieron por su propia voluntad y por sus propias razones”.
Ambas partes obtendrán cada una hasta 16 horas durante varios días para presentar sus casos. Los demócratas dicen que planean presentar nuevas pruebas, pero también admiten que hay pocas posibilidades de una condena.
Al menos 17 republicanos tendrían que votar con todos los demócratas en el Senado para alcanzar el umbral de dos tercios necesario para un veredicto de culpabilidad.
El juicio en el Senado es el cuarto proceso de juicio político de un presidente en la historia de Estados Unidos. Pero se diferencia de los demás en que Trump es el único que fue juzgado dos veces por la Cámara de Representantes. También es el único expresidente que se enfrenta a un juicio en el Senado.
El juicio podría dar pistas sobre el futuro de los republicanos tras la tumultuosa presidencia de Trump, en medio de las agudas divisiones entre los leales al exmandatario y los que esperan que el partido tome una nueva dirección.
Los abogados de Trump planean abrir el juicio el martes cuestionando si la Constitución permite al Senado celebrar un juicio de destitución para un presidente después de que haya dejado el cargo.
La mayoría de los republicanos del Senado han abrazado ese argumento, lo que sugiere que los demócratas serán incapaces de reunir la mayoría de dos tercios necesaria para una condena en el Senado de 100 miembros. Los demócratas y muchos juristas rechazan la interpretación constitucional de los republicanos.
