La falta de capacidad para investigar contribuye a un clima favorable al lavado de dinero
Estados Unidos advirtió el crecimiento del lavado de dinero en Honduras en distintas actividades económicas e incluyendo al sistema financiero, de acuerdo al informe del Departamento de Estado entregado al Congreso estadounidense.
“La falta de capacidad para investigar transacciones financieras complejas también contribuye a un clima favorable al lavado de dinero“, agrega el documento.
El Informe de estrategia internacional de control de narcóticos (INCSR) de 2021 es un informe anual del Departamento de Estado al Congreso preparado de conformidad con la Ley de Asistencia Exterior. Describe los esfuerzos de los países clave para atacar todos los aspectos del comercio internacional de drogas en el año calendario 2020.
El Volumen I cubre las actividades de control de drogas y productos químicos. El Volumen II cubre el lavado de dinero y los delitos financieros, y en el apartado sobre Honduras, el documento destaca que “el lavado de dinero en Honduras proviene principalmente del narcotráfico por parte del crimen organizado grupos y el producto ilícito de la corrupción pública”.
En el último trimestre de 2019, Honduras, bajo el liderazgo de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y con el apoyo de donantes, estableció una estrategia nacional sobre ALD/CFT ( Conferencia de Capacitación Anti Lavado de Dinero y contra el Financiamiento del Terrorismo) para los proveedores de servicios financieros en … lucha contra las armas de destrucción masiva para implementar leyes y reglamentos relacionados con las APNFD (actividades y profesiones no financieras designadas susceptibles al lavado).
Este esfuerzo integral de implementación involucra a múltiples hondureños organismos gubernamentales, incluidas las instituciones del sector de la justicia. “Sin embargo, debido a que la ley y los reglamentos de las APNFD no se han implementado en su totalidad, la supervisión y la supervisión para prevenir el lavado de dinero es limitada”.
La falta de capacidad para investigar transacciones financieras complejas también contribuye a un clima favorable al lavado de dinero.
Vulnerabilidades y metodologías del lavado
El lavado de dinero en Honduras se deriva de la actividad delictiva nacional y extranjera. “Las organizaciones de traficantes y los sindicatos del crimen organizado controlan la mayoría de los ingresos ilícitos, que pasan por el sistema bancario formal y la economía sumergida”, señala el informe de EE UU.
“Negocios basados en el comercio utilizados comúnmente para lavar fondos incluyen los que operan en el sector automotriz y de bienes raíces sectores, remesadoras, casas de cambio, cooperativas de ahorro y crédito, sector de la construcción, y ganadería”.
Además, la corrupción y los vínculos con el crimen organizado en los sectores público y privado continúan ser generalizado, con el producto ilícito de la corrupción pública sujeto al lavado de dinero. Un tratado regional entre El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua permite la libre el movimiento de ciudadanos entre estos países, dejando a cada país vulnerable al movimiento transfronterizo de contrabando y dinero en efectivo.
Faltan leyes y regulaciones
Honduras estableció una estrategia nacional integral ALD/CFT en 2019. Se necesitan procedimientos adicionales para la implementación completa de las regulaciones aprobadas.
“Actualmente, no existe un tratado bilateral entre Honduras y los Estados Unidos que permita intercambio de registros”. Sin embargo, las autoridades de Honduras han permitido registros e información intercambio bajo los términos de las convenciones relevantes de la ONU que establecen el proceso de mutuo acuerdo legal. asistencia entre los estados partes.
Deficiencias legales, políticas y reglamentarias: el Código Penal
La definición de blanqueo de capitales contenida en el nuevo código penal, que entró en vigor en junio 2020, presenta algunos contratiempos en comparación con la anterior ley ALD de 2015. Por ejemplo, el delito subyacente para el nuevo delito se ha cambiado de “actividad ilícita” a “actividad grave”. delito”, aumentando el umbral legal y haciendo más difícil su prueba.
De acuerdo con la interpretación del congreso hondureño de la ley ALD, los sujetos obligados deben conservar registros de transacciones durante cinco años y el mantenimiento de registros se aplica a cada transacción, no para el cliente archivo completo.
En consecuencia, la información financiera relacionada con posibles casos de lavado de dinero podría estar incompleto o no disponible. Las acciones al portador son legales y no existe un sistema de beneficios registro de propiedad para identificar y verificar beneficiarios en transacciones financieras complejas.
El sistema financiero hondureño suspende a personas investigadas por lavado de dinero y limita su acceso al sistema bancario. Si bien la ley ALD permite que el Ministerio Público (PM) para solicitar información financiera directamente a la UIF, algunas unidades de PM canalizan sus solicitudes a través de las autoridades superiores de PM que conducen a retrasos.
El escaso flujo de información entre el PM y la UIF ha dejado personas autorizadas en la lista de riesgo financiero innecesariamente. Los sujetos obligados no siempre son notificados cuando las investigaciones se cierran administrativamente.
La Superintendencia de Sociedades Comerciales, creada por la constitución hondureña para supervisar y regular las empresas para prevenir los delitos relacionados con las finanzas, permanece inactivo. Hay entidades especializadas, como la CNBS y el Consejo Nacional de Supervisión de Cooperativas (CONSUCOOP), que combaten y previenen el lavado de dinero en el sector privado, aunque CONSUCOOP carece de los recursos suficientes para hacerlo de manera efectiva.
El Departamento de Estado, comenta que el personal de la UIF y los analistas financieros del PM requieren capacitación sobre los productos de las instituciones financieras, estándares internacionales, análisis financiero, redacción de informes, leyes hondureñas pertinentes y ROS y Análisis CTR.
La Oficina de Registros Públicos ha realizado esfuerzos para iniciar la digitalización de expedientes a nivel nacional, aunque la mayoría de los registros de propiedad pública permanecen en copia impresa y mal organizados, lo que impide investigación eficaz.
El Instituto de la Propiedad, a través de su Registro de Inteligencia, mantiene seguimiento de operaciones inmobiliarias y vehiculares susceptibles de blanqueo de capitales. Anunciado en 2016, esta iniciativa está entrando en funcionamiento con el apoyo de la CNBS y una vez que esté completamente implementada ayudará a prevenir la corrupción y recopilará información para investigaciones de lavado de dinero.
Con el apoyo de donantes durante varios años, Honduras estableció oficialmente el Fondo Oficina de Policía de Investigaciones (OPIF) como una unidad dentro de la Policía Nacional de Honduras. Anteriormente un unidad de investigación ad hoc, ahora está reconocida bajo la ley hondureña, realizando investigaciones relacionadas con lavado de dinero y extinción de dominio.
