El porcentaje de personas en extrema pobreza, en 2021, fue 4 veces más alto que el promedio regional
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), presentó el informe “Estado de país: Honduras 2022, Economía y Finanzas”, donde expone cinco retos principales incluyendo la poca eficacia de la administración de las finanzas públicas para mejorar el bienestar de la población.
“Condiciones que no incentivan la creación de empleos de calidad e ineficaz administración de finanzas públicas entre principales retos de Honduras en materia económica”, es el título del análisis de ASJ.
La pobreza y el subempleo, la inflación, la corrupción (retos estructurales), la debilidad del manejo de las finanzas y el cambio climático, son los retos a superar.
“La administración eficaz de las finanzas públicas es un reto vigente para la creación de condiciones que permitan el desarrollo y bienestar de los hondureños y, pese a los avances, Honduras sigue siendo uno de los países más pobres de la región, que necesita adoptar acciones encaminadas a la generación de empleo, mejoras en el ambiente de negocios y sistemas tributarios de la mano con la lucha anticorrupción”, señala el informe.
El noveno foro de la serie “Estado de país: Honduras 2022”, abarca la última década y apunta que además del débil Estado de derecho que ha caracterizado al país, la pandemia de covid-19, desastres naturales (como los huracanes Eta y Iota) y el contexto internacional actual, han deteriorado aún más las condiciones y perspectivas para la economía y finanzas del país.
Entre los problemas señalados por la ASJ destacan los altos niveles de pobreza. En 2019, 14,8 % de la población hondureña vivía con menos de 1.90 dólares al día.
Para 2021, de acuerdo con datos del “Instituto Nacional de Estadística, el 54 % de la población hondureña no podía adquirir la canasta básica de alimentos, ubicándola dentro del margen de pobreza extrema”.
Por otro lado, Honduras ha sido el país de Centroamérica con mayor porcentaje de empleo informal con relación al empleo total. En 2020, 81,4% de la población se encontraba en condiciones de desempleo o subempleo y en 2019, 85% de hombres en edad de trabajar participaban en la fuerza laboral, pero solo 47% de mujeres lo hacía.
A criterio de expertos consultados por ASJ, esto datos de subempleo dificultan la movilidad social, perpetuando ciclos multigeneracionales de pobreza, pues estos trabajadores carecen de protección social, acceso al crédito y oportunidades educacionales.
Inflación, gestión financiera y soluciones
Aunque las presiones inflacionarias actuales afectan a muchos países de la región, la población de Honduras sigue siendo relativamente pobre y especialmente vulnerable a la inflación. Las proyecciones señalan que para finales de 2022 la inflación
puede llegar a 12%.
En el primer semestre de 2022 se observó que el crecimiento de la inflación en Honduras fue más alto que el de países vecinos en la región.
Adicionalmente, Honduras es el país de Centroamérica que más deja de recaudar impuestos por exoneraciones y concesiones fiscales, sin que se reflejen en el mercado laboral y la condición económica de la población.
Los retos estructurales desincentivan, distorsionan o limitan la inversión, la habilidad de hacer negocios y creación de empleos de calidad.
Este es el caso del sistema judicial, “lento y poco transparente, así como la corrupción, presente en varios aspectos de la administración y contratación pública, mientras el crecimiento de la deuda no ha representado mejoras en niveles de pobreza; sin embargo, los costos de servicio de deuda han sobrepasado lo que se presupuesta cada año para educación o salud”.
A lo anterior se agrega la amenaza climática. Solo en 2020, los huracanes Eta y Iota causaron pérdidas y daños valorados en alrededor de 1.900 millones de dólares, reduciendo el producto interno bruto (PIB) del país en casi uno por ciento.
La CEPAL ha calculado que el impacto negativo del cambio climático en el PIB de Honduras es más significativo que en el Salvador o Guatemala y se estima que se triplique para 2030.
La ONG, incluye una serie de posibles soluciones al tema económico entre ellas destacan: “Evitar la politización de las
oportunidades de empleo, Investigar más a fondo las causas y consecuencias de los altos niveles de informalidad laboral. hacer cumplir las normas laborales mínimas y apoyo más específico a los solicitantes de empleo y aumentar la facilidad para hacer cumplir los contratos”.
Además consultar a los propietarios de empresas, especialmente de las pequeñas y medianas, sobre las leyes que son buenas y las que deberían ser reevaluadas.
Hacer que los impuestos sean más sencillos y justos.
Mejorar la eficiencia de las contrataciones públicas.
Reducir la corrupción en los contratos públicos.
Incluir las externalidades medioambientales y sociales en el análisis de costo-beneficio de los proyectos públicos.
Aumentar la consulta y la participación pública en los proyectos de infraestructura.
