La concesionaria de Puerto Cortés, International Container Terminal Services Inc. (ICTSI), propiedad del empresario filipino Enrique K. Razon, y su subsidiaria Operadora Portuaria Centroamericana S.A. de C.V. (OPC) han presentado reclamos de arbitraje de inversiones contra Honduras, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
Las demandas se presentan una semana antes de la salida de Honduras del sistema CIADI.
En una comunicación al Philippine Stock Exchange Inc. (PSE), ICT informa de que, en las reclamaciones, las compañías alegan que “la República de Honduras ha incumplido ciertas obligaciones” y reiteran su “posición de abrir nuevas discusiones con el Gobierno de Honduras para buscar soluciones adecuadas.”
En 2021, OPC envió una notificación de intención de acudir a arbitraje de inversiones a Honduras relacionada con la adjudicación de una concesión para la construcción de un muelle en el terminal marítimo de Omoa dando inicio al plazo de trato directo, previo al arbitraje CIADI.
En la carta, OCP hacía una reclamación de más de 10 millones USD y explicaba que la demanda estaba basada en el desarrollo de un nuevo puerto en Omoa, Cortés, del que el 20 de julio de 2021, el Congreso Nacional aprobó un contrato de concesión de Servicios Portuarios para la Terminal Marítima Portuaria de Cruceros, Buques Mercantes y Cabotaje, firmado por la Empresa Nacional Portuaria (ENP) e Inversiones Estratégicas Portuarias S.A. (Investport) y Servicios Consolidados.
La empresa denunciaba que el proyecto portuario no estaba contemplado dentro del decreto de “Visión de País 2010-2038 y Plan de Nación 2010‐2022” en donde, sí se declaraba que el Puerto Marítimo de Puerto Cortés manejaba el 85% de la carga del país, se consideraba estratégico para la actividad económica de Honduras y su comercio exterior y era prioritaria su modernización.
Añadía que: “El desarrollo de este puerto en Omoa, Cortés, causa ya serios perjuicios económicos en virtud de que el equilibrio económico y financiero de nuestro contrato ha sido roto unilateralmente, y ello modifica las condiciones bajo las cuales se licitó, adjudicó y se operó a la fecha el proyecto de concesión de la Terminal de Contenedores y Carga General de Puerto Cortés” y acusaba a Honduras de incumplir el contrato de concesión.
