Honduras ha recibido dos nuevas demandas de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). El 8 de agosto la Secretaría General de CIADI registró ambos procedimientos en el mes en el que se hace efectiva la denuncia del país del Convenio CIADI en el mes de marzo.
Los arbitrajes han sido presentados por un inversor salvadoreño, el empresario Víctor Miguel Silhy Zacarías, Laboratorios Suizos, que invoca el Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica, y por la compañía española X-Elio Energy SL. Ambos demandantes cuentan con la firma White & Case (Miami).
X-Elio está presente en Honduras a través de su inversión en el proyecto Marcovia, en la región de Choluteca. Se trata de una planta de generación de energía solar en operación desde octubre de 2015.
El 24 de febrero de 2024, el Banco Mundial recibió una notificación escrita de denuncia del Convenio CIADI por parte de la República de Honduras.
El Artículo 71 del Convenio CIADI contempla un periodo de seis meses hasta que la retirada sea efectiva, es decir, el 25 de agosto de 2024.
En mayo de 2023, el Gobierno de Honduras se pronunció en contra del arbitraje del CIADI en el caso presentado por la estadounidense Honduras Próspera, que reclama 10.700 millones de US dólares tras la derogación de las zonas de empleo y desarrollo ZEDE.
La renegociación de contratos en el sector energético
En noviembre de 2022, la Asociación Hondureña de Productores de Energía (AHPEE) advertía a prensa especializada en energía la posibilidad de arbitrajes internacionales, ante las medidas con un gran impacto en el mercado eléctrico tomadas por el Gobierno. En ese momento cinco compañías extranjeras ya expresaron su intención de iniciar arbitrajes denunciando las condiciones para la renegociación.
La renegociación de contratos derivada de la nueva normativa impulsada por el Gobierno se ve, en muchos casos, como un amago de expropiación, todo ello agravado por las deudas arrastradas con las energéticas.
Dos empresas noruegas han suspendido “temporalmente” sus demandas ante el CIADI en espera de la aprobación del Congreso en la renegociación de contrato.
