El gobierno publicó el Decreto Ejecutivo número PCM-036-2019, que aprueba la reducción de 6.000 millones de lempiras del presupuesto general 2019, con una suspensión parcial de nuevos contratos de personal y fija un salario máximo de 60.000 lempiras en el sector púbico.
Se establece una drástica reducción del gasto en varias partidas desde contrataciones, alimentos, combustibles, viáticos y otros.
Sin embargo, se abre el camino a la privatización de bienes públicos al anunciar la creación de un “fideicomiso para su administración”. Una parte del aparato estatal pasaría al Centro Cívico Gubernamental (CCG), un contrato millonario que sería la razón del actual decreto.
Sin embargo, el gobierno argumenta que la decisión se toma “como consecuencia de los acontecimientos suscitados en el país (protestas públicas), se ha generado un clima de incertidumbre que impacta en la actividad económica, dando lugar a una ralentización del crecimiento de los ingresos tributarios”.
Esto, requiere “la adopción de medidas de reducción del gasto público principalmente el gasto corriente, a fin de liberar recursos que permitan continuar el desarrollo normal de los programas y proyectos de máxima prioridad para el país”.
El sorpresivo decreto, aprobado el 10 de julio y oficializado en el Diario Oficial La Gaceta número 34993, parece ser la base de una nueva política de gastos, contratación pública y de techos salariales, a las puertas de un nuevo convenio con el FMI.
Contratos, gastos y salarios
El presupuesto general supera los 261.600 millones de lempiras, y la reducción anunciada es equivalente a un 2%.
En el artículo 1, el decreto señala que el propósito es mantener una disciplina presupuestaria y “se instruye reducir el gasto hasta por un monto
de seis mil millones de lempiras (L 6.000.000.000.00)”.
Se exceptúan “aquellas asignaciones que estén vinculadas a los servicios de salud, educación, seguridad, deuda y otros temas prioritarios”.
“La Secretaría de Finanzas, queda facultada para realizar todas las operaciones presupuestarias necesarias que se deriven de la aplicación del presente Decreto Ejecutivo en cada una de las Instituciones Centralizadas, Desconcentradas y Descentralizadas”.
En el artículo 2 se obliga a los entes públicos a cumplir ciertas medidas de contratación de personal, entre ellas: “a) Se restringe la creación de nuevas plazas de trabajo durante el año 2019”.
Exceptuando aquellas originadas por procesos de reestructuración o ampliación de cobertura que permitan lograr mayor eficiencia en la entrega de los servicios de salud, educación y seguridad.
“b) A partir de la aprobación de este Decreto se restringe el nombramiento de nuevo personal en la modalidad de permanente (Objeto de Gasto 11100) y nuevas contrataciones (Objeto de Gasto 12100 y 12200)”.
En estos dos incisos, se exceptúan los casos debidamente calificados y aprobados por la Secretaría de Finanzas.
Salario máximo de 60.000 lempiras En el inciso (c), el decreto establece que “a partir de la vigencia del presente Decreto ningún empleado público, que ingrese bajo la modalidad de acuerdo o contrato al sector público pagado con fondos nacionales o externos, no podrá devengar un salario mensual superior a sesenta mil lempiras”.
Reducción del 50% en servicios
Se aprueba la reducción del 50% el saldo presupuestario disponible para la contratación de Servicios Técnicos y Profesionales (Subgrupo 24000) y el saldo presupuestario disponible de alimentos y bebidas para personas.
Se exceptúan de esta medida a: la Secretaría de Salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el Instituto Nacional Penitenciario, entre otras.
También se recorta “como mínimo el 70%, del saldo presupuestario disponible de Gastos de Ceremonial y Protocolo, y un mínimo del 50%, del saldo presupuestario disponible de Gastos de Pasajes, Viáticos y Gastos de Representación en el exterior”.
Asimismo se ordena recortar el 50%, del saldo presupuestario disponible de Gastos de Representación; se prohíbe en lo que resta del año 2019, la compra y arrendamiento de vehículos y equipo de oficina, así como arrendamiento de nuevos inmuebles”.
Se excepto en aquellos casos que formen parte de financiamiento externo. La medida no se aplica a los servicios vinculados a salud, educación, seguridad y defensa.
También se reducirá en un 30% el consumo de combustibles, se suspende la creación de nuevas instituciones, ni programas que impliquen un incremento al presupuesto total de cada ente.
¿Privatización de bienes públicos?
El amplio decreto, instruye al Instituto de la Propiedad y a la Dirección Nacional de Bienes del Estado para que en un plazo no mayor a 15 días entreguen a la Presidencia el inventario de bienes inmuebles ociosos que pertenecen al Estado, así como las condiciones en que estos se encuentran.
La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, en conjunto con la Presidencia “elaborarán el mecanismo para la constitución de un fideicomiso para la administración de estos bienes”.
Los entes Centralizadas, Desconcentradas y Descentralizadas tiene cinco días para realizar la reprogramación física y financiera de sus objetivos y resultados, ajustando su presupuesto y presentarlo a Finanzas.
Las medidas contenidas en el presente Decreto no implican reducción de personal en ninguna de las Instituciones del Estado (artículo 4). En el artículo 5 se asegura la aplicación de sanciones a quienes “contravengan”, esta nueva política gubernamental.
