La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), falló en forma unánime la inconstitucionalidad presentada por la Fiscalía en contra del decreto 141-2017 contentivo del artículo 238 de la Ley de Presupuesto 2018, que daba “protección especial” a los parlamentarios.
El decreto, que fue modificado por una fe de erratas, se refería a liquidación de fondos públicos destinados a la ejecución de proyectos o ayudas sociales.
Se pedía auditaría a los de fondos desde el año 2006, (viola principio de retroactividad de la Ley), pero “dicha auditoría e Investigación Especial del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) debe realizarse en un período de tres (3) años después de la publicación de la presente reforma”.
Blindados
Además de los tres años posteriores, la reforma agrega que “durante esté en proceso la auditoría e investigación especial y hasta no haber agotado la vía administrativa y que ésta tenga el carácter de firme y ejecutoriada, no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea ésta administrativa, civil o penal”.
El fallo de la sala, reactivaría el caso conocido como Red de Diputados, que fue archivada por la jueza Alma Consuelo Guzmán, en base a la reforma a la Ley de Presupuesto, y se turnó al Tribunal Superior de Cuentas.
