Consejo Superior de las APP, sin presupuesto para operar
La falta de planificación del Gobierno, unido a los efectos del Covid-19, ponen en riesgo la calidad operatividad de las terminales aéreas al acercarse el fin de su concesión privada, en septiembre próximo.
En ocho meses, el Gobierno no pudo realizar el proceso de licitación de los aeropuertos en San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán (Toncontín fue anexado al contrato de Palmerola del Grupo Emco), y ahora los empresarios y el mismo Gobierno tienen problemas para conseguir un socio-operador y el presupuesto para operar las terminales.
Leo Castellón, presidente de la Superintendencia de Asociaciones Público Privadas (SAPP), señaló que la administración recaería en una “Sociedad de Propósito Especial”, por un período de hasta dos años.
Esa sociedad, tendría participación del Gobierno y sería apoyada por el BID organismo que impulsa las Asociaciones Publico Privadas (APP) en Latinoamérica, pero que no ha dado ninguna información al respecto.
Sin embargo, si el Gobierno quiere manejar los tres aeropuertos tiene que resolver un problema,”no existen fondos” para cubrir los gastos operativos e inversiones que requiere una terminal aérea.
Incluso el Consejo Superior de las APP, que coordina el proceso de una nueva administración de las terminales, no tiene presupuesto asignado, según el informe de Presupuesto 2020 de la Secretaría de Finanzas.
El Consejo Superior, que sustituyó a la liquidada Coalianza, ni siquiera tiene oficinas y las reuniones se realizan en la Presidencial, ya que la coordinación recae sobre la Coordinadora General de Gobierno, Martha Doblado y el Secretario de Inversiones, Luis Mata, otra dependencia creada a finales del año pasado.
La “Secretaría de Inversiones”, es más un programa de Gobierno al que se le asignó un presupuesto de “siete millones de lempiras exacto (L7,000,000.00) a la Secretaría de Inversiones creada mediante Decreto PCM-009-2019, con el propósito de contribuir a la generación y desarrollo de proyectos en pro de la población hondureña”.
Ese monto no cubre ni el pago anual de las certificaciones aeroportuarias.
Certificaciones, inversiones y canon
Según el informe financiero del concesionario actual, Aeropuerto de Honduras, la certificación de gestión de calidad ISO 9000:2015 y la certificación ambiental 14001-2015 (en San Pedro Sula y Roatán), requirieron una inversión superior a los cinco millones de dólares.
Pero mantener esas certificaciones se requieren pagos anuales que rondan los 1.7 millones de dólares. Una cifra mayor se necesita para mantener operativos los aeropuertos, por el pago de operadores, administración, mantenimiento de pista, instalaciones, servicios, etc.
Aeropuertos de Honduras, informó que han invertido 72.3 millones de lempiras en los últimos cuatro meses, incluyendo obras adicionales que no están dentro del contrato. Solo en medidas de bioseguridad la inversión es de 5 millones de lempiras.
Los nuevos operadores, deberán de realizar nuevas inversiones, además de pagar un canon aún no definido y los respectivos pago de impuestos a la renta, venta, Tasa de Seguridad y municipales.
En 2019, el canon aeroportuario superó los 300 millones de lempiras. El acumulado de ingresos al Estado, durante el tiempo de concesión, supera los 3.817 millones de lempiras.
Con la actual pandemia, los expertos estiman al menos dos años de pérdidas en el sector aeroportuario lo que hará más difícil la gestión para cualquier operador interesado.
