La Coalición Patriótica de Solidaridad se pronunció en contra del actual dictamen de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles por considerar que distorsiona el mercado y amenaza los derechos de consumidores y futuro de los Pymes de este sector.
“Rechazamos enérgicamente el dictamen actual del Proyecto de Ley de Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles tal como ha sido presentado al pleno del Congreso Nacional. No avalaremos posiciones que reflejen intereses particulares de ningún sector por encima del bien común y que distorsiona radicalmente el contenido de la propuesta original impulsada por los gasolineros independientes”, señala la Coalición.
El rechazo fue compartido por la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe) que recordó que la Aplicación de la Ley de los 60 Grados generó L800 millones traducidos en descuentos semanale de L1.50 por galón, gracias al ajuste de temperatura estandarizado que corrige las variaciones térmicas del combustible.
En conferencia de prensa, y en representación de las 60 organizaciones de la Sociedad Civil que conforman la Coalición Patriótica, expresaron su “profunda preocupación ante las irregularidades contenidas en el Dictamen del Proyecto de Ley de Hidrocarburos y Biocombustibles, actualmente en discusión en el Congreso Nacional, en su segundo debate”.
“Creemos que esta iniciativa, lejos de fortalecer la transparencia y equidad en el mercado de los combustibles, representa una seria amenaza para los derechos de los consumidores y la sostenibilidad de los pequeños y medianos empresarios del sector, que generan miles de empleos directos e indirectos y facilitan el movimiento económico del país”, señala el comunicado.
En este sentido, la Coalición Patriótica rechaza categóricamente, el contenido del proyecto de ley que se discute actualmente, por las siguientes razones:
“Riesgo para la correcta aplicación del Factor de Corrección de Temperatura (FCT – 60 Grados) más conocido como Ley de 60 Grados. El dictamen incorpora interpretaciones legales que podrían dejar sin efecto la aplicación del Decreto 40-2012, el cual garantiza anualmente más de 600 millones de lempiras en descuentos semanales a los consumidores, mediante la Estructura de Precios”.
El Factor de Corrección de Temperatura (FCT) es una normativa internacional y herramienta técnica, legalmente establecida en el país, que ajusta las variaciones térmicas en los combustibles. Su debilitamiento puede significar un aumento inmediato, de alrededor de L1.50 por galón, en el precio final que pagamos los consumidores.
Desmantelamiento del Sistema de Paridad de Precios y del mercado regulado
La propuesta prácticamente elimina el actual sistema de paridad de precios y la regulación estatal, al derogar el Decreto 94-83 que creó la Comisión Administradora del Petróleo (CAP) y no trasladarle sus facultades al nuevo Instituto de Hidrocarburos.
La aprobación en su forma actual de dicho Dictamen, representa un riesgo para el control que debería ejercer el Estado sobre un producto estratégico y de seguridad nacional, abriendo la posibilidad a prácticas oligopólicas que elevarían los precios y desplazarían a los pequeños operadores nacionales.
Necesidad de una legislación imparcial y equilibrada
El dictamen no debe ser parcializado ni favorecer intereses particulares. Su objetivo debe ser proteger al consumidor, establecer una legislación que regule adecuadamente la calidad y cantidad de los combustibles, ordenar el mercado, combatir la competencia desleal y la ilegalidad o creación de carteles, garantizando un mercado justo para todos los actores.
“Entendemos que el objetivo de impulsar un Instituto de Hidrocarburos, es crear autonomía para poder ejercer una mejor supervisión y regulación del mercado, sin embargo, los alcances de sus atribuciones concebidas en el proyecto de ley, podrían resultar en excesos o abusos de autoridad a futuro”.
Los directivos hicieron un llamado al Congreso Nacional a revisar con responsabilidad y sentido patriótico, el contenido de este Dictamen. “Pedimos a las autoridades y diputados del Congreso Nacional, velar por el interés de los consumidores en cuanto a la calidad y seguridad de los combustibles, mediante la regulación de los actores que han venido operando de forma irregular en los últimos años, distorsionando el mercado”, declararon.
Asimismo demandaron que no se interprete, derogue o reforme la Ley del Factor de Corrección de Temperatura Decreto 40-2012 (Ley de 60 Grados), pues afectaría directamente al consumidor final.
En conclusión pidieron que se suspenda la discusión de este dictamen en el pleno del Congreso Nacional hasta que se efectúen las correcciones necesarias.
