Gobiernos deben respaldar la recuperación y abordar las deficiencias sociales
De acuerdo con el más reciente informe sobre los retos fiscales para América Latina tras la pandemia, publicado por el Fondo Monetario Internacional, la región está frente a una lista de desafíos que incluyen la elaboración de un nuevo pacto fiscal que asegure el apoyo a los hogares y las empresas durante los próximos años, al mismo tiempo que fija condiciones favorables de acceso a los mercados y otorgue niveles más altos de seguridad social, acceso a servicios públicos, educación, y efectividad de los sistemas tributarios.
En concreto, el reporte del FMI, plantea un desafío en dos direcciones. Por un lado, se busca lograr un proyecto de recuperación que sea sostenible a largo plazo, y por otro lado, generar un rediseño de la red de seguridad social y del sistema tributario, que además de ser un tema estructural va a requerir de un diálogo social que evalúe el papel del Estado y cómo debería ser su financiamiento.
“Las medidas de estímulo han sido esenciales, pero hay que hacer más para situar a los países de Latinoamérica en la trayectoria de una recuperación fuerte y duradera. Sin embargo, va a ser un ascenso largo e incierto para todos los países”, afirmó Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.
América Latina fue altamente afectada por la crisis generada por la pandemia con la contracción más profunda del último siglo y una reducción de 2,3% de los ingresos de los países sobre el producto interno bruto (PIB) de la región.
Respaldar la recuperación con responsabilidad
Para los analistas, Mauricio Cardenas, Luca Antonio Ricci, Jorge Roldos y Alejandro Werner, la primera, y urgente, etapa debería abarcar la trayectoria óptima de la política fiscal de manera tal que evite un repliegue prematuro y excesivo del respaldo fiscal durante la pandemia y, a la vez, ofrezca a los mercados financieros tranquilidad en cuanto a la sostenibilidad a mediano plazo de las finanzas públicas.
Es importante evitar un repliegue prematuro del apoyo en 2021 y 2022 dado que los países aún enfrentan elevadas tasas de contagio y defunción, la vacunación probablemente avanzará con lentitud en la mayoría de los países y la recuperación económica probablemente será parcial, incierta y no lo suficientemente vigorosa como para ayudar a los más afectados por la doble crisis sanitaria y económica.
“La respuesta fiscal a la COVID-19 en la mayor parte de la región ha sido mucho más grande que durante la crisis financiera mundial, lo cual hace pensar que el espacio fiscal no es tan estrecho como lo sugieren las relaciones deuda/PIB. Por ende, además de apoyar a los hogares y las empresas y sustentar la recuperación económica después de la pandemia, la primera etapa del pacto puede sentar las bases de la correspondiente consolidación que tiene que ocurrir”, advierten.
En particular, el anuncio anticipado de las medidas futuras de tributación y gasto que garanticen una sólida ancla fiscal a mediano plazo y la comunicación creíble de una trayectoria clara para alcanzar esas metas una vez que la situación se normalice ayudarían a crear espacio fiscal ya desde el comienzo y darían a los inversionistas tranquilidad en cuanto al valor de sus inversiones.
En varios países, la reactivación de las reglas fiscales suspendidas en 2020 ofrece la oportunidad de actualizarlas y complementarlas, donde sea necesario, con instituciones que las respalden, tales como consejos fiscales y presupuestación plurianual; de ese modo, los marcos fiscales podrán actuar mejor para anclar la deuda a mediano plazo y corregir las desviaciones respecto de las metas.
Además, los bajos niveles prolongados de las tasas de interés y el fácil acceso a los mercados permitirán mantener contenido el costo financiero de la deuda pública en el futuro próximo, a pesar del aumento del endeudamiento global.
Consulta pública
Una vez consolidada la recuperación y establecido un panorama fiscal sólido a mediano plazo, la segunda etapa del pacto fiscal debería arrancar con una consulta nacional sobre cómo ampliar y financiar las redes de protección social para comprender las preferencias de la sociedad en cuanto al destino que debería recibir la recaudación pública y para dejar perfectamente en claro las disyuntivas muy significativas que se plantearán.
Este diálogo público debería servir de base a un proceso legislativo que, a lo largo del próximo par de años, revise los sistemas de pensiones, salud y educación, y reforme los marcos tributarios que los financiarán.
“El sistema fiscal latinoamericano no es lo suficientemente progresivo teniendo en cuenta los niveles de desarrollo regionales y las preferencias de las sociedades, como lo demostraron las recientes protestas sociales y sucesos políticos”, señalan los analistas. También es mucho menos eficaz que el de las economías avanzadas a la hora de mejorar la distribución del ingreso.
Aunque algunos países de la región tienen que mejorar la cobertura y la focalización del gasto, otros necesitan incrementar la recaudación tributaria y su progresividad, además de expandir y focalizar mejor las redes de protección.
Estas metas son definitivamente difíciles y riesgosas. Pero ignorarlas es mucho más peligroso. La continuación de un crecimiento anémico, del descontento social y de la polarización política podría encauzar a América Latina por una senda muy peligrosa de declive institucional y económico.
“Creemos que un pacto fiscal es la mejor manera de catalizar profundos cambios que requieren un amplio consenso social y cohesión política en torno a varias dimensiones cruciales de las finanzas públicas de los países”, concluyen.
