La aprobación del proyecto de la Ley de Justicia Tributaria, incluido en el Acuerdo firmado en 2023 con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no sería una obligación para aprobar la cuarta revisión del programa, según el sector empresarial.
Y es que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), a través de un comunicado sobre la reunión que sostuvo con miembros de la misión del FMI, señalan la reforma fiscal “no forma parte de las metas estructurales del acuerdo Stand by”.
Cuáles son las principales eformas de la ley de Justicia Tributaria
El Cohep destacó, ante la misión del FMI, la importancia de mantener un diálogo honesto, técnico y transparente entre el sector privado hondureño y el FMI, a fin de facilitar la toma de decisiones económicas oportunas y pertinentes para el país.
Reiteraron la falta de comunicación con el gobierno, señalando que la «inseguridad jurídica constituye uno delos principales obstáculos para la inversión».
En este sentido, agregan, resulta indispensable garantizar el respeto a los contratos, la autonomía de las instituciones y contar conmecanismos efectivos de resoluc.lón de conflictos que permitan atraer capitales y promover nuevas oportunidades de empleo.
Aseguran que «los representantes del FMI expresaron que el Proyecto de Ley de Justicia Tributarla no forma parte de las metas estructurales del acuerdo Stand by».
Sin embargo, señalaron que la revisión del Grupo de Acción Financiera (GAFI), en octubre de 2026, se «requiere reformas a la Ley del Delito de Lavado de Activos, Ley Contra el Financiamiento al Terrorismo, Ley Para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), y la creación de un registro de beneficiarlo final para fines financieros.
El Cohep se manifestó a favor del intercambio de información en temas fiscales entre diferentes Estados.
«Se expresó por parte de nuestra organización a los representantes del FMI que estaremos pendientes de las reformas legales necesarias para cumplir con los estándares internacionales, con el objeto de preparar nuestros comentarios y sugerencias a las mismas, y nos permitimos sugerir es que dichas propuestas se emitan en un solo documento para que sean discutidas en su totalidad en el Congreso Nacional», apuntan.
El Cohpe reiteró que no se ha opuesto a la implementación de las medidas orientadas a cumplir con los estándares de carácter Internacional siguiendo los lineamientos estrictos y rigurosos de seguridad de la información y garantizando el derecho humano universal de la confidencialidad de la información y esto sin ser utilizado como una medida de presión, amenaza y herramienta política contra el sector privado y la ciudadanía en general.