Sefin estableció los nuevos “lineamientos de política presupuestaria” para el próximo año
La Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), un instrumento legal aprobado en 2016 (Decreto Legislativo 25-2016) con la finalidad de “reducir la discrecionalidad” del Gobierno con respecto a la gestión de la política fiscal, quedaría prácticamente derogado con el Acuerdo Ejecutivo No. 355-2022 de la Secretaría de Finanzas.
El Acuerdo establece los “Lineamientos Generales para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2023” que deberán cumplir las distintas instituciones públicas para enviar las solicitudes de presupuesto.
El documento revierte las base de la LRF, que fija límites para reducir el déficit fiscal y lograr la sostenibilidad de la deuda, entre otras medidas fiscales. Sin embargo, la Secretaría de Finanzas cuestiona los efectos de la misma, sobre todo en el alto endeudamiento público y la poca efectividad del gasto.
“Con la vigencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal se disminuyó el déficit fiscal, pero continuó el incremento de la deuda pública, alcanzando US$15,679.2 millones al cierre del año 2021 (55.8% del PIB)”, cuestiona Finanzas.
Las nuevas reglas fiscales, señalan, están “orientados hacia la construcción de un presupuesto base cero (PBC) que rompe con el paradigma del presupuesto tradicional, fundamentado en el aumento cuantitativo sin medición de resultados y pasa a fundamentarse en el financiamiento de las prioridades del Pueblo Hondureño y dentro de un marco de sostenibilidad
fiscal”.
¿Responsabilidad fiscal contra la inversión?
“Las reglas macro fiscales contenidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal, castigan severamente la inversión pública y social llegando a conceptualizar la responsabilidad fiscal como política de disciplina y ajuste fiscal que pretende evitar la ejecución discrecional del gasto y el endeudamiento para lograr la estabilidad macroeconómica, la seguridad del sistema financiero y un aumento de la inversión privada”, declara SEFIN.
La autoridad financiera incluye el impacto de las exoneraciones (reguladas bajo otra normativa) como un impacto de la LRF, que impactará este año en “53.167 millones de lempiras”. Hay que destacar que la mayor parte de las exoneraciones son para el público en general por el no pago del impuesto sobre ventas a varios alimentos, medicinas, combustibles, energía eléctrica, agua potable, telefonía pública, entre otros.
Finanzas, agrega, que “la implementación de las prioridades del Gobierno Socialista–Democrático”, dentro de los cinco sectores estratégicos de desarrollo (Participación y Democracia, Desarrollo Social, Económico y Ambiental, y Seguridad y Justicia), manteniendo la consistencia de la política presupuestaria, garantizando la consolidación fiscal (ingresos y gastos) y la sostenibilidad de la deuda, “requiere de reformas a la Ley de Responsabilidad Fiscal, que deben incorporarse en las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023″.
Esto para “asegurar la Inversión Pública, por lo que debemos modificar las reglas fiscales, estableciendo una nueva
forma de registrar el gasto corriente, diferenciándolo de los gastos sociales y excluyendo el pago de intereses y comisiones de la deuda pública“.
Lo anterior permitirá un manejo adecuado del déficit fiscal y no afectará los techos del déficit, aseguran. Sin embargo, para el próximo Presupuesto General desde ya se proyecta un déficit del 6% del PIB (hasta 5% en la LRF).
Actualmente Finanzas reporta una baja inversión pública (13%) y un superávit fiscal que en mayo superó los 12.336 millones de lempiras (cifras del Banco Central de Honduras).
