La Comisión Europea impuso aranceles provisionales a los vehículos eléctricos de batería (BEV) chinos, que regirán desde este viernes 5 de julio y hasta una duración máxima de cuatro meses.
Tras nueve meses de investigación, la Comisión concluyó que la cadena de valor de los vehículos eléctricos se beneficia de “subvenciones injustas”, lo que está provocando una amenaza de perjuicio económico a los fabricantes europeos.
La investigación también ha examinado las probables consecuencias y el impacto de estas medidas en los importadores, usuarios y consumidores de vehículos eléctricos en la Unión Europea.
Los aranceles que se aplicarán a los tres fabricantes chinos: BYD: 17,4%, Geely: 19,9% y SAIC: 37%
Otros productores de BEV en China, que cooperaron en la investigación pero no fueron incluidos en la muestra, están sujetos al promedio ponderado del 20.8 por ciento. Mientras que el arancel para el resto de empresas no cooperantes es del 37.6 por ciento.
Industria alemana en contra de los aranceles
Por su parte, la Asociación Alemana de la Industria Automotriz (VDA) advirtió que los aranceles contra los vehículos eléctricos de batería chinos serán contraproducentes para los objetivos climáticos de Europa y perjudiciales para su industria y sus consumidores.
En un comunicado, la Asociación advirtió que los fabricantes occidentales de automóviles en China podrían verse afectados por los aranceles iniciados por la Unión Europea (UE), en algunos casos incluso peores que las empresas chinas.
La VDA resaltó que la cooperación y la producción de los fabricantes europeos en China fueron un elemento importante para la transformación y competitividad en Europa y señaló que Alemania mantiene un superávit significativo en el comercio de automóviles con China, que asciende a casi 20 mil millones de euros.
La Comisión Europea informó que las consultas con el gobierno chino se han intensificado en las últimas semanas y continúan los contactos a nivel técnico con vistas a alcanzar una solución compatible con la Organización Mundial del Comercio (OMC) que aborde adecuadamente las preocupaciones planteadas por la Unión Europea.
En el transcurso de los próximos cuatro meses, mediante una votación de los Estados miembros de la UE, deberá tomarse una decisión final sobre los derechos definitivos. En caso de adoptarse, la decisión haría que los derechos rijan por un periodo de cinco años.
