El Congreso de Estados Unidos aprobó este martes la denominada Ley de Compromiso de Mejora del Triángulo Norte que está compuesta por dos grandes componentes, orientados en frenar la migración ilegal y crear una lista de personas vinculadas a actos de corrupción.
En concreto, la ley contempla la creación de una estrategia de cinco años para mejorar las condiciones económicas, democráticas y de seguridad de Guatemala, Honduras y El Salvador, con la idea de frenar la migración irregular hacia el país del Norte, y la publicación anual de una lista de personas que hayan cometido actos de corrupción o que hayan socavado la democracia en dichos países.
Este listado ha comenzado a conocerse como la Lista Engel, en referencia al apellido Eliot Engel, de uno de los congresistas que impulsó la legislación.
El nuevo cuerpo legal, que iba incluido en la ley de paquete de ayuda económica para paliar los efectos de la pandemia, y que se espera sea firmada en breve por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, establece que en un plazo de 180 días después de su entrada en vigencia, el Secretario de Estado en coordinación con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y otras agencias federales deberá presentar una estrategia de cinco años para la región que priorice cuatro ejes principales.
Los ejes del programa
Las bases del programa son: promover la prosperidad económica, combatir la corrupción, potenciar la gobernanza democrática, y mejorar las condiciones de seguridad.
En el primero de ellos, la estrategia debe considerar, entre otras cosas, abordar las causas subyacentes de la pobreza y la desigualdad, mejorar el acceso a la sanidad y a los recursos de salud, y fortalecer la preparación comunitaria frente a desastres naturales.
En el segundo, por su parte, la ley aboga por fortalecer la capacidad de los sistemas nacionales de justicia y las fiscalías para identificar y perseguir el lavado de dinero y otros crímenes financieros, implementar procesos transparentes y basados en el mérito para la selección de fiscales y jueces, y apoyar los esfuerzos anticorrupción a través de asistencia bilateral, así como brindar apoyo suplementario a través de mecanismos anticorrupción multilaterales cuando sea necesario.
En términos de fomentar la gobernanza, las medidas de la estrategia deberán buscar el robustecimiento de las instituciones gubernamentales, el fortalecimiento de las leyes de acceso a la información, y el aseguramiento de que las amenazas y los ataques contra periodistas, líderes obreros y defensores de derechos humanos sean investigados y sus perpetradores sean llevados a la justicia.
Finalmente, en la parte de mejoras a las condiciones de seguridad, el cuerpo legal indica que se debe aumentar la profesionalización de los cuerpos de seguridad y mejorar su capacidad, así como las de las fiscalías, para ayudar en los esfuerzos en el combate al narcotráfico, el tráfico de personas y el reclutamiento de niños por parte de las pandillas, entre otros.
Informes sobre corrupción
La ley, que ordena a presentar los avances en cada uno de esos ejes, también obliga a que pasados los 180 días de su vigencia, y luego de manera anual, el presidente de Estados Unidos deba presentar un reporte al Congreso en el que identifique a todas aquellas personas del Triángulo Norte de Centroamérica que hayan incurrido en acciones que socaven los procesos o las instituciones democráticas o que hayan cometido actos de corrupción o que hayan obstruido sus investigaciones.
En dichos casos, la normativa prevé sanciones, entre las cuales sobresalen la negación o revocación de visas y la imposibilidad de ingresar a los Estados Unidos.
“Mi legislación ayudará a la administración entrante (Biden-Harris) al tiempo que redoblan sus esfuerzos para apoyar una Centroamérica más segura democrática y próspera. Será imposible hacer progresos sostenidos en El Salvador, Guatemala y Honduras sin un compromiso de los líderes regionales para combatir la corrupción y el deterioro democrático”, afirmó el congresista Eliot Engel, en un comunicado publicado por el Congreso.
