Vía reformas, pero sin dinero, el Gobierno busca reducir el pasivo de la ENEE de más de L92.000 millones
El Gobierno publicó en el Diario Oficial La Gaceta, el Decreto 46-2022 referente a la “Ley Especial para garantizar el servicio de energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social”.
La nueva ley retoma el control estatal en el subsector de energía, abriendo las puertas a la contratación directa, regresa el control de operaciones al Centro de Desapacho (antes la ODS), y obliga la renegociación de contratos privados de generación térmica, hídrica, eólica y solar, que “en caso de no ser posible la renegociación, se autoriza plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado, previo el justiprecio“.
La ENEE podrá comprar plantas de generación, artículo 6, “fijando un justiprecio, por razones de seguridad nacional, mediante bonos del Estado y de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución de la República”.
La nueva ley deroga fideicomisos bancarios (EEH y 15 represas), delega en la Presidencia la designación de las autoridades reguladoras (CREE), reforma la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), crea un programa de reducción de pérdidas y una comisión auditora que podrá revisar estados financieros de “generadores privados”.
La Comisión creada tiene la atribución de realizar una “auditoría integral a los estados financieros de las empresas de generación de energía, desde el inicio de sus operaciones en plantas de tipo térmico, biomasa, solar, eólica e hidroeléctrica, con base de carbón y todas otras forma de generación de energía, para cuantificar los costos financieros, costos fijos de operación y mantenimiento, costos variables de combustible, costos variables de operación y mantenimiento y su rentabilidad, así como cualquier otro costo o beneficio aplicable con que operan las plantas; así como el cumplimiento de los contratos de operación y la normativa legal”.
Evaluación de personal de la ENEE
La ley reforma varios artículos de la LGIE, vigente desde el 2014, deteniendo el proceso de liberalización del sector. Se agrega la revisión del personal de la ENEE, que cuenta con un contrato colectivo, considerado oneroso por analistas del sector.
En el artículo 18 se refiere a la Evaluación del recurso humano y reestructuración administrativa y técnica. “Autorizar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para que, a través de la Junta Directiva y la Gerencia, proceda a la evaluación del recurso humano y la reestructuración administrativa y técnica que sea necesaria, respetando las leyes laborales”.
Salvo la mención de uso de bonos del Estado, para comprar plantas de generación, la ley no establece las fuentes de financiamiento para cumplir con las reformas que se proponen, en especial teniendo en cuenta que las deudas de la ENEE superan los “75.600 millones de lempiras” y existen oligaciones contractuales por “747.804 millones de lempiras” de 75 contratos vigentes, como asegura uno de los considerando de la nueva ley.
El préstamo, en suspenso, del BCIE por 250 millones de dólares sería una base para revertir la política energética, pero es insuficiente para enfrentar las obligaciones financieras de la ENEE.
