La reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería en España ha reactivado las demandas del sector primario para facilitar la contratación de emigrantes y solucionar así el problema de la falta de mano de obra.
La revisión es una puerta abierta para las explotaciones agrícolas y las empresas pesqueras, que están planteando propuestas para eliminar trabas a las contrataciones de extranjeros.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha abierto hasta el 10 de septiembre una consulta pública sobre el borrador del nuevo reglamento, en el que las organizaciones agrarias y los armadores echan en falta mejoras en aspectos como el arraigo o las exigencias burocráticas.
El Gobierno pretende simplificar el esquema de autorizaciones, reducir la carga burocrática y dar seguridad jurídica.
Regularizaciones y arraigo
El responsable de relaciones laborales de COAG, Andrés Góngora, ha declarado que el sector agrario es el que “más procesos de regularización” afronta y en el borrador no aparecen sus demandas.
Entre sus peticiones, alude al criterio de “arraigo”, porque opina que la Ley es “injusta” para el emigrante.
Para que una persona emigrante demuestre arraigo social, ha recordado, debe haber residido en España de forma legal durante tres años y presentar pruebas, “algo muy complicado”; COAG pide que se reduzca ese período a dos años y que se equipare al “arraigo laboral”.
Góngora también se ha referido a las tarjetas de protección internacional, que se otorgan por ejemplo a los ucranianos, y que permiten trabajar a los seis meses de su solicitud, mientras se tramita el proceso de concesión; ha pedido que se concedan a todas las nacionalidades.
Pero lo que, a su juicio, es “un disparate” es que para las regularizaciones se exijan contratos laborales de 12 meses, porque en el campo se trabaja por campañas y ninguna dura todo el año.
En relación al arraigo, la vicesecretaria general de UPA, Montserrat Cortiñas, ha demandado ampliarlo a familias, en las que “uno de los miembros sí tiene autorización administrativa pero el resto no, y son familias que viven en los pueblos, con sus hijos escolarizados”.
Cortiñas ha defendido una regularización que proporcione mano de obra extranjera al campo.
Según el responsable de Campo del sindicato CCOO, Vicente Jiménez, “todo pasa por regularizar a la gente que ya está en España para que pueda trabajar en el campo y normalizar a los que circulan por aquí de manera irregular”.
