El Gobierno de El Salvador prevé cerrar 2024 con una tasa de homicidios de 1,8 por cada 100.000 habitantes, según informó en una rueda de prensa con medios internacionales el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
“Lo que esperamos para este año, según las proyecciones, es una tasa de 1,8 homicidios”, indicó el titular de Seguridad y sostuvo que en lo que va de 2024 suman 113 homicidios.
Honduras con una tasa de homicidios de 34,5 por cada 100.000 habitantes
Agregó que arriba del 96 % de los responsables de estos homicidios “están frente a la Justicia”.
Las autoridades salvadoreñas atribuyen la caída de los homicidios al régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que suspende garantías constitucionales, y que habría dejado una tasa de homicidios de 2,4 por cada 100.000 habitantes en 2023.
En ese año se registraron 154 homicidios, 341 menos que los 495 contabilizados en 2022, según datos de la Policía Nacional Civil; sin embargo, la cantidad de muertes violentas en el país centroamericano comenzó su descenso después de 2015, año que se colocó como el más violento en la historia reciente salvadoreña.
En las estadísticas gubernamentales de los homicidios no se incluyen muertes de supuestos pandilleros en enfrentamientos con policías, el hallazgo de osamentas y muertes de supuestos delincuentes a manos de ciudadanos, casos que sí se incluían en las cifras de los Gobiernos anteriores.
Por otra parte, Villatoro indicó que los “delitos de calle” registran en 2024 una caída del 33 % y los “delitos violentos, incluyendo la violación” tienen caídas “arriba del 60 %”, respecto al 2023.
“Ese estado criminal que implementaron las pandillas en este país tenía el monopolio criminal, porque de otra suerte, no tuviéramos estas caídas”, dijo el funcionario.
En marzo de 2022, el gobierno de El Salvador declaró un “Estado de Excepción” en respuesta a un aumento de los homicidio.
El régimen de excepción se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
Esta medida extraordinaria se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
Según Villatoro, bajo este régimen suman más de 86.000 registros de detenciones, de los que únicamente 8.000 personas estarían en libertad condicional, mientras existe un “remanente” de pandilleros libres de 8.000.
Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.
