Como legado de la anterior administración, la Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con un edificio propio ubicado en la colonia El Trapiche, comprado por 188 millones de lempiras a la empresa Inversiones Mafer Sociedad Anónima (MAFERSA).
La adquisición se autorizó en agosto del 2021, Acuerdo Ejecutivo número 037-A-2021, y se concretó a finales del año previo al cambio de gobierno. El edificio estaba en arrendamiento al Servicio de Administración de Rentas (SAR), cuyas oficinas pasaron al Centro Cívico Gubernamental (CCG).
El contrato lo firmó la ex Procuradora General, Lidia Estela Cardona, con los representantes de MAFERSA, quienes son dueños también del edificio contiguo que arrendaban a la ENEE, por más de 10 años a un alto costo público.
Según el Acuerdo Ejecutivo, antes de la compra, se solicitó a la Dirección Nacional de Bienes del Estado la autorización para la adquisición de dichos inmuebles (de manera directa). Esa Dirección emitió la Resolución No. DE-075-2021, el 9 de agosto de 2021, donde se autorizó a la Procuraduría General para “adquirir los inmuebles antes referidos, hasta por un monto de 200 millones 55.620 lempiras (L. 200,055,620.00), de conformidad al avalúo practicado”.
Sin embargo, “como resultado de una negociación se obtuvo una rebaja del valor del inmueble, habiéndose acordado con el vendedor la compra del inmueble por el monto de ciento ochenta y ocho millones de lempiras exactos”.
Es así que se ordenó a la PGR a comparecer ante notario público y suscriba en nombre del Estado de Honduras, un instrumento público de compraventa con la Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil “INVERSIONES MAFER S.A. (MAFERSA)”, del edificio denominado “Plaza 99, conformado por dos inmuebles que forman un solo cuerpo, ubicado en la Colonia el Trapiche, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, inscritos bajo las matrículas 359232 y 359246, del sistema de folio real del Instituto de la Propiedad”.
La cantidad de compra de 188 millones se acordó cancelar en dos pagos de 94 millones de lempiras cada uno, a fin de que se trasladara el dominio a favor de la Procuraduría General de la República.
Este valor supera ampliamente el valor de centros comerciales construidos en los últimos años en la capital.
