Existen suficientes indicios para presentar requerimientos fiscales
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este martes un resumen ejecutivo sobre sus 12 informes referentes a «La corrupción en tiempos del COVID-19», publicados entre abril y septiembre del presente año, concluyendo que el Estado tuvo una pérdida de 817 millones de lempiras.
Los informes evaluaron las compras realizadas por la Secretaría de Salud (Sesal), la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras (Copeco) y de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).
Esta última institución concentra la mayor parte de los daños para el Estado tras la compra de siete hospitales móviles, pero solo cuatro ha llegado al país y solo uno se usa parcialmente.
“Entre las irregularidades más relevantes, se puede destacar la compra “de buena fe” ejecutada por parte del exdirector de Invest-H, Marco Bográn, consistente en la adquisición de siete supuestos hospitales móviles por más de 1.100 millones de lempiras, cuando el valor real ascendía a 369.1 millones, beneficiando al intermediario, Axel López, gerente de Elmed Medical Systems con más de 804.8 millones”, señala el CNA.
A esto se suma un daño económico para el Estado de 57.7 millones de lempiras en la adquisición de guantes descartables y mascarillas KN-95.
Las compras de 740 ventiladores, miles de mascarillas a empresas cuestionadas, contrataciones a parientes (consultora CINSA), sobrevaloración de medicamentos para tratamiento del Covid (Ivermectina) y sobrevaloración de equipo de bioseguridad, son parte de las denuncias documentadas contra Invest-H.
También se presentó el caso contra el exdirector de Copeco, Gabriel Rubí, adquirió un lote de ventiladores mecánicos Breas Vivo 65, los cuales fueron traídos desde los Estados Unidos en el avión presidencial y entregados al Hospital del Tórax, llegando de forma incompleta para su uso.
Copeco también gasto 5.5 millones de lempiras en la compra de una carpa para utilizarla como centro médico en Villanueva, Cortés.
¿Y el Ministerio Público?
“Este escenario de escasa o nula transparencia en la gestión pública, debe servir a los operadores de justicia para poner tras las rejas a los culpables —materiales e intelectuales— de la pérdida de los dineros públicos”, reclama el CNA.
Gabriela Castellanos, Directora del CNA, existe documentación que prueba que la participación de las autoridades en una “serie sistemática de aprobaciones para extraer recursos del Tesoro Nacional y empréstitos con los organismos multilaterales de crédito”.
Llamó la atención que el seis de marzo se reformará el decreto de emergencia para dar luz al decreto ejecutivo número PCM 016-2020, instruyendo a Salud, Copeco y al IHSS, a utilizar su partida presupuestaria, lo que fuera necesario para poderle hacer frente a la crisis.
Según el CNA se han aprobado más de 100.000 millones en gastos para el Covid (incluyendo el endeudamiento externo de 2.500 millones de dólares), pero en las liquidaciones no se informa “¿dónde está ese dinero?”.
Castellanos sostiene que los 12 informes presentados contienen pruebas para llevar a los tribunales y la cárcel a varios funcionarios. “Estas tareas de veeduría e investigación evidenciaron la falta de voluntad del TSC, del MP para atender el agónico llamado de la población ante los casos de corrupción que se están dando en el país”, opinó.
“Exhortamos al Presidente Juan Hernández a que en estos 15 meses de gestión que le restan gobierne sin proteger a funcionarios o allegados a que por primera vez limpie la característica corrupción de su administración y que por una vez por todas le dé independencia a los Poderes del Estado”, concluyó.
