El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este martes la retirada de visas a varios funcionarios de gobiernos centroamericanos y “a sus familiares” que colaboran con las misiones médicas cubanas, aunque no reveló sus identidades.
Honduras y Nicaragua tienen acuerdos de cooperación médica con Cuba.
En un comunicado oficial, el jefe de la diplomacia estadounidense señaló que estos funcionarios están implicados en la contratación de misiones médicas cubanas en sus países, las cuales, según la Administración de Donald Trump, constituyen una forma de trabajo forzado.
“El programa de exportación de mano de obra cubana abusa de sus participantes, enriquece al corrupto régimen cubano y priva a los ciudadanos de la isla de la atención médica esencial que tanto necesitan”, afirmó Rubio.
Con la implementación de estas restricciones de visado, añadió, Estados Unidos envía “un mensaje claro sobre su compromiso con la promoción de los derechos humanos y el respeto a los derechos laborales en todo el mundo”.
Rubio, de abuelo cubano, también instó a otros países a adoptar medidas similares.
En febrero, Estados Unidos ya había ampliado la política de restricción de visados contra personas que se benefician de lo que califica como “explotación laboral” de trabajadores cubanos en el extranjero, incluyendo a quienes participan en la organización de misiones médicas.
Cuba, por su parte, ha rechazado categóricamente las acusaciones de Washington, defendiendo su programa de cooperación médica, una de las principales fuentes de divisas del país, y denunciando lo que considera una «campaña» en su contra y contra sus profesionales de la salud.
En la misma línea, líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom), cuyos sistemas de salud dependen en gran medida del personal médico cubano, defendieron la contratación de estos profesionales y negaron que se trate de una forma de explotación.
Según médicos cubanos, ese régimen se embolsa entre el 75% y el 95% de los salarios del personal médico. Los médicos que escaparon del programa citan (entre otros abusos) el impago de salarios, la confiscación de sus pasaportes y credenciales médicas, la restricción de sus derechos en el extranjero y las repercusiones si abandonan el programa.
Algunos presentaron una demanda colectiva en 2018. El caso, aún pendiente, alega que trabajaron bajo amenaza de duras repercusiones económicas, personales y legales.
