EE UU anuncia sanciones para Guatemala y El Salvador en Día Contra la Corrupción

Centroamérica muestra un aumento de la corrupción

Cinco funcionarios públicos y familiares en el listado del Departamento de Estado

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este viernes sanciones a personas y empresas del mundo por corrupción y abusos a los derechos humanos —desde operaciones ilegales de pesca en aguas chinas hasta sobornos en Guatemala y corrupción en El Salvador— en el Día Internacional Contra la Corrupción.

Los sancionados incluyen la comisión electoral rusa, que supervisó una farsa electoral en la Ucrania ocupada por Rusia en septiembre; un grupo de empresas y personas implicadas en operaciones ilegales de pesca y abusos a los derechos humanos en aguas chinas; y el fundador de una iglesia en Filipinas acusado de tráfico sexual.

Otras personas y firmas de Irán, los Balcanes occidentales, Liberia y El Salvador también sufrieron sanciones financieras del gobierno federal y congelamiento de bienes situados o administrados en Estados Unidos.

Las sanciones fueron anunciadas en el día que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y en consonancia con la participación de funcionarios del gobierno en la Conferencia Internacional Contra la Corrupción esta semana.

Guatemala y El Salvador

Entre las empresas señaladas hay un grupo acusado de pesca ilegal y abuso de los trabajadores en aguas chinas. La Dalian Ocean Fishing Co. Ltd. mantenía condiciones de trabajo tan peligrosas que cinco trabajadores murieron al cabo de 13 meses, y los cuerpos de tres de ellos fueron arrojados al mar.

Para El Salvador se sancionó a Conan Tonathiu Castro Ramirez, Secretario Legal Presidencial y Óscar Rolando Castro, Ministro de Trabajo.

De conformidad con la EO 13818, el Departamento del Tesoro designó a Castro Ramírez por facilitar el encubrimiento de fraude al obstruir las investigaciones sobre la apropiación indebida de fondos públicos durante la pandemia y por participar directamente en actividades corruptas al usar su cargo para obtener ganancias financieras personales.

De conformidad con la Sección 7031(c), el Departamento de Estado está designando públicamente a Castro Ramírez por su participación en corrupción significativa. Como parte de esta acción, también se designan cuatro familiares inmediatos.

En el caso de Óscar Rolando Castro, se designa “por participar en actos de corrupción y apropiación indebida de fondos públicos para su beneficio personal. Castro usó los sindicatos alineados para beneficiarse a sí mismo y a sus aliados políticos a cambio de trámite expreso de credenciales sindicales, entre otros beneficios”.

El Departamento de Estado está designando a Castro por su participación en corrupción significativa. Como parte de esta acción, también se designa a un familiar inmediato.

En Guatemala se designó a Allan Estuardo Rodríguez Reyes, expresidente del Congreso, Jorge Estuardo Vargas Morales, congresista y Luis Alfonso Chang Navarro, Ex Ministro de Energía y Minas.

A Rodríguez se le designa por usar su influencia política para otorgar subvenciones para la construcción a cambio de sobornos financieros, además de ofrecer sobornos a cambio de votos en un proyecto de ley en el Congreso. Está designado por su participación en corrupción significativa y también se designa a un miembro de la familia inmediata.

Para el diputado Vargas, se designa por corrupción relacionada con contratos y operaciones en puertos administrados por el gobierno. Vargas mantiene influencia en el puerto a través del soborno, creando bloqueos y huelgas para beneficio personal. Además de participación en corrupción significativa, también se designan cuatro familiares inmediatos.

En el caso de Chang Navarro, está designandolo por usar su posición para asegurar sobornos. Chang solicitó sobornos y otros favores a cambio de no revocar las licencias. Está designado por su participación en corrupción significativa y a dos familiares inmediatos.

El gobierno de EE UU aplica un decreto de la presidencia de Donald Trump basado en la Ley Magnitsky de Rendición de Cuentas por los Derechos Humanos como autoridad para aplicar las sanciones.

“A lo largo del año, el Tesoro ha combatido la corrupción y los abusos graves de los derechos humanos como alta prioridad”, dijo el subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera, Brian Nelson, en un comunicado. “Al denunciar la conducta escandalosa de estos actores, podemos ayudar a desbaratar sus actividades, desarmar sus redes y quitarles recursos”. 

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