La empresa Standard Fruit de Honduras (Dole ), remitió al Ministerio Público la petición para que investigue la quema de 62 contenedores del mes pasado y directamente al diputado por Colón, Ramon Soto Bonilla. La nota fue remitida al abogado Jairo Manuel Gálvez de la Fiscalía del Ministerio Público.
La bananera de capital estadounidense e irlandés (compró 45% de las acciones), señala que la actual crisis política y social que vive el país, ha desembocado en “actos de terrorismo en los sectores y bienes privados de nuestra empresa”.
En estas denominadas marchas pacíficas, cuestionan, se han dado actos como ser tomas de carreteras, ataques y vandalismo, y quema injustificada de 62 de nuestros contenedores y chasis y al igual que el saqueo de nuestros productos.
Amenazas y amedrentamiento a los conductores que condenamos energéticamente.
Solicitamos ante esta entidad se realice la investigación de los autores materiales, especialmente hacemos una denuncia formal “contra el Diputado al Congreso Nacional, por el Departamento de Colón, Ramón Soto Bonilla, quien abiertamente se atribuye, por redes sociales, y medios de comunicación, ser uno de los artífices de estos ataques que hemos sufrido y que generan pérdidas millonarias a nuestra empresa y al país”:
Reiteramos nuestro compromiso con seguir contribuyendo al desarrollo de este país, y levantamos nuestra voz energética para que se actúa, según Ley, para que caiga todo el peso de ella a los autores materiales e intelectuales de estos hechos y exigimos no existan prebendas a figuras públicas y que se llegue al fondo con la investigación hacia el Diputado Ramón Soto.
Soto Bonilla, ha sido mencionado en investigaciones de la fiscalía por otros delitos.
Las protestas en la zona productora de banano donde opera Dole casi llevaron a la suspensión de contratos particulares.
Según la dirigencia sindical las protestas, no fueron de protestas contra el gobierno sino por “viejos conflictos” con la bananera que no detallaron.
Por el momento Dole mantiene el personal y solicitó la ayuda del gobierno para resguardar las fincas. También se concretó la llegada de militares estadounidenses al país, aunque se descartó que tenga que ver con la quema de propiedades de Dole.
