Doce estados de Estados Unidos solicitaron este miércoles a un tribunal federal que suspenda los aranceles del “Día de la Liberación” del presidente Donald Trump, argumentando que este se extralimitó en sus funciones al declarar una emergencia nacional para imponer impuestos generales a las importaciones de países que venden más a EE UU de lo que compran.
Un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional con sede en Manhattan está escuchando los argumentos en una demanda presentada por los fiscales generales demócratas de Nueva York, Illinois, Oregón y otros nueve estados. Afirman que el presidente republicano ha buscado un «cheque en blanco» para regular el comercio «a su antojo».
Los estados afirman que el presidente interpretó erróneamente una ley llamada Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para justificar los aranceles. Esa ley tiene por objeto hacer frente a amenazas «inusuales y extraordinarias» para Estados Unidos, según han afirmado.
Brian Marshall, abogado del estado de Oregón, dijo a los jueces que la IEEPA exige que las medidas presidenciales estén estrechamente vinculadas a una emergencia específica. Un presidente no puede utilizar aranceles u otras medidas «solo como medio de presión» en virtud de la IEEPA, afirmó Marshall.
Trump ha afirmado erróneamente que «puede establecer aranceles de cualquier cuantía, a cualquier país, por cualquier periodo de tiempo, y ningún tribunal puede revisarlos», dijo Marshall.
Trump ha afirmado que la historia de décadas de Estados Unidos de importar más de lo que exporta es una emergencia nacional que ha perjudicado a los fabricantes estadounidenses. Pero los estados argumentan que el déficit comercial de Estados Unidos no es una “emergencia” y que la IEEPA no autoriza en absoluto los aranceles.
El mismo tribunal de tres jueces escuchó la semana pasada los argumentos en un caso similar presentado por cinco pequeñas empresas, y se espera que emita una decisión en las próximas semanas.
El Departamento de Justicia, que presentará sus argumentos más adelante en la vista, ha afirmado que la demanda de los estados debe desestimarse porque estos solo han alegado “pérdidas económicas especulativas” en lugar de daños concretos derivados de los aranceles. También ha argumentado que solo el Congreso, y no los estados estadounidenses ni los tribunales, puede impugnar una emergencia nacional declarada por el presidente en virtud de la IEEPA.
Tras imponer aranceles a China, México y Canadá en febrero, Trump impuso en abril un arancel general del 10% a todas las importaciones, con tipos más elevados para los países con los que Estados Unidos tiene los mayores déficits comerciales, en particular China.
Muchos de esos aranceles específicos para cada país se suspendieron una semana después, y la Administración Tredujo temporalmente los aranceles más elevados a China este mes, mientras trabajaba en un acuerdo comercial a largo plazo.
Los aranceles intermitentes de Trump han conmocionado a los mercados estadounidenses. Él los ha presentado como una forma de restaurar la capacidad manufacturera de Estados Unidos.
La demanda de los estados es una de las al menos siete impugnaciones judiciales contra las políticas arancelarias de Trump. California ha presentado una impugnación por separado en un tribunal federal de San Francisco, y otras demandas han sido presentadas por empresas, grupos de defensa jurídica y miembros de la Nación Blackfeet.
Las decisiones del tribunal, que conoce de litigios relacionados con el comercio internacional y las leyes aduaneras, pueden ser recurridas ante el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Circuito Federal en Washington D. C. y, en última instancia, ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
