El Departamento de Estado de Estados Unidos, confirmó la validez de un documento interno filtrado a los medios de información que revela los nombres de 61 funcionarios, empresarios, jueces y fiscales centroamericanos a quienes Estados Unidos considera corruptos o antidemocráticos y pretende incluir en la Lista Engel, lo que les negará la entrada a suelo estadounidense.
El documento oficial, que puede sufrir cambios, será subido a la página oficial del Departamento de Estado, informó en su twitter personal la Congresista estadounidense Norma Torres. El documento incluye a 15 hondureños más, en su mayoría funcionarios de la administración de Manuel Zelaya Rosales (actual asesor presidencial), y Porfirio Lobo Sosa.
Enrique Flores Lanza, asesor presidencial de Xiomara Castro, y los actuales Vicepresidentes del Congreso Nacional, Rasel Tomé y Edgardo Casaña, figuran en el listado filtrado el fin de semana anterior.
“Hoy es un día importante para las democracias. Los Estados Unidos ha dejado en claro que los malos actores en Guatemala, El Salvador y Honduras serán investigados y sancionados. Entre los sancionados hoy se encuentran funcionarios gubernamentales de alto rango anteriores y actuales que dañaron la democracia de su país, desestabilizaron aún más sus comunidades y eligieron el beneficio personal por encima del bien público. Sus acciones antidemocráticas y corruptas han llevado a este momento en el que finalmente enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Estoy orgullosa de que el Departamento de Estado haya trabajado incansablemente para brindarle a la gente de Centroamérica esta dura verdad sobre algunos de sus funcionarios. Seguiré trabajando para promover la lucha contra la corrupción y la transparencia en el Triángulo Norte. aplaudo a todos los que en Centroamérica toman en serio esta información y eligen con valentía el bien del pueblo por encima de intereses corruptos”, posteó.
Sobresalen en la lista personas cercanas a los actuales presidentes centroamericanos, confirmando la difícil relación diplomática regional con el gobierno de Joe Biden.
Se trata de la Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador), más conocida como “Lista Engel”. A través de la misma, EE UU se declara “defensor” y prácticamente juez contra la corrupción regional.
La inclusión en la Lista Engel conlleva la pérdida inmediata de cualquier visa o permiso para entrar a suelo estadounidense, además de tener implicaciones políticas. Al listado de nuevos sancionados —7 de El Salvador, 16 de Guatemala y 15 de Honduras— se unen también 23 jueces y fiscales nicaragüenses, responsables de perseguir y encarcelar con cargos falsos a líderes de oposición, para reforzar el poder ya casi absoluto de Daniel Ortega.
Mensaje presidencial
La nueva lista llega a semanas que los presidentes del Triángulo Norte rechazarán la invitación a participar en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles.
En el caso de Honduras, se incluye a dos vicepresidentes del Congreso pertenecientes al partido oficial, Libre, (ambos dieron conferencias de prensa defendiéndose) y cuatro exfuncionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya, esposo y asesor político de la actual presidenta, Xiomara Castro. También involucra a funcionarios de BANADESA, durante la gestión de Porfirio Lobo (quien figura en la Lista Engel desde el 2021).
Encabeza la lista Enrique Flores Lanza, exministro de la presidencia con Zelaya entre 2006 y 2009 y ahora asesor presidencial de Castro. Estados Unidos le acusa de “recibir $2 millones de dinero público desviado del Banco Central de Honduras (conocido como el carretillazo)” y “redistribuirlo entre sus aliados políticos”, en alusión directa al famoso caso de desvío de fondos en 2009 para organizar la famosa “cuarta urna”, un referéndum declarado ilegal sobre la reelección de Manuel Zelaya.
Otros exfuncionarios de Zelaya sancionados según el documento son Carlos Montes y Javier Pastor, exministros de Trabajo y de Salud respectivamente, el actual vicepresidente del Congreso y diputado clave de Libre Rasel Tomé y a Roberto David Castillo Mejía, entonces integrante del Comité Ejecutivo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE) .
A Montes y Pastor se les acusa de haber aceptado sobornos mientras estuvieron en sus cargos, a cambio de conceder contratos públicos a aliados políticos y acelerar sus pagos. A Tomé se le acusa de haber usado su posición como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para apropiarse ilegalmente de $327.000 en fondos públicos.
A Roberto David Castillo Mejía, condenado a 22 años y medio de cárcel el mes pasado como autor intelectual del asesinato, en 2016, de la líder ambientalista Berta Cáceres. Estados Unidos le señala de adjudicar en 2009 contratos de ENEE a una compañía en la que él “tenía intereses financieros”. Se refieren a la empresa energética DESA.
Se suma otro vicepresidente del Congreso por el partido Libre, Edgardo Casaña, que antes de ser elegido diputado por primera vez en 2014 fue dirigente magisterial. El Departamento de Estado le atribuye “significante corrupción” por haber reestructurado el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) con el fin de redirigir $5 millones de sus beneficios a aliados políticos y futuros votantes.
Por ese caso, Casaña fue condenado por la justicia hondureña en diciembre de 2021 e inhabilitado para ocupar cargos públicos durante seis años, pero la Corte Suprema le autorizó a tomar posesión como congresista.
Los otros mencionados son de la gestión de Lobo Sosa: Juan Ramón Madariaga, exgerente general del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa); Eduardo Ortiz Hawit, exgerente financiero del Banadesa; Élmer Ordóñez, exsupervisor de Controles Internos del Banadesa; Gonzálo Molina, exjefe de suministros de Banadesa; Harvis Herrera, que fue gerente general de la Casa Presidencial; Vanessa Alvarado, exgerente financiera de la Casa Presidencial; Carlos Romero, que fue coordinador del proyecto “Bono 10,000”; y Claudia Noriega, excoordinadora de proyectos del programa “Catracha Card”.
El Departamento de Estado los incluye en la Lista Engel por malversar durante el gobierno de Lobo (2010-2014) medio millón de dólares del programa “Bono 10.000”, un programa presidencial diseñado para reducir la pobreza rural.
Completa el listado Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, director de la Policía Nacional entre 2012 y 2013 y también extraditado para enfrentar cargos de narcotráfico. El Departamento de Estado le acusa de cobrar sobornos a cambio de “facilitar el movimiento de cocaína” por territorio hondureño.
“Diez (10) de las personas incluidas en la lista “Engel” ya fueron acusadas ante los Juzgados por UFECIC/MACCIH: 8 en el caso corrupción sobre ruedas, pendiente de fallo; 1 en el caso Fraude en el Gualcarque; pendiente de juicio y 1 en el caso contra la directiva del IHSS….”, tuiteó Luis Santos, Fiscal Jefe de Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupcion (UFERCO).
La Lista Engel ya incluyó en 2021 a Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, en febrero de este año, previo a que Estados Unidos solicitara su extradición para juzgarlo en Nueva York por narcotráfico.
