El ex administrador Alex Moares culpable por violación a los deberes de los funcionarios
Un Tribunal en Materia de Corrupción declaró culpables de fraude y violación de los deberes de los funcionarios a los exfuncionarios de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) Marco Bográn y Alex Moraes, respectivamente, por la compra irregular de 470.000 mascarillas en el 2020 (primer año de la pandemia del Covid-19).
La audiencia de individualización de pena será el próximo 16 de febrero.
El caso fue uno de los denunciados por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y presentado por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
En el caso del coimputado Alex Alberto Moraes Girón, exadministrador de Invest-H, se le condenó por el delito de violación de los deberes de los funcionarios, por lo que el Ministerio Público interpondrá un recurso de casación en contra de la sentencia absolutoria por el delito de fraude.
También se impugnará ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la sentencia absolutoria a favor del exdirector de Invest-H, Marco Bográn, por el delito de violación de los deberes de los funcionarios.
Contra ambos exfuncionarios ya recayó una primera condena por el caso Hospitales Móviles.
Los otros cinco involucrados prófugos de la justicia por el fraude de las mascarillas son: el contador general de Invest-H, Carlos Luis Guevara Mondragón, la especialista administrativo y financiero, Bessy Roxana Rodríguez Mendoza, las representantes legales de Germar Ferretería, Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández y el propietario del grupo GYT S.A. de C.V., Juan José Lagos Romero (esposo de la ex diputada Waleska Zelaya).
De acuerdo a la investigación de la UNAF y la ATIC, los cuatro exfuncionarios se habrían confabulado con las empresas grupo GYT S.A. de C.V y Germar Ferretería, para venderle al Estado mascarillas de uso no médico para el personal sanitario, “violentando los procedimientos legales y administrativos correspondientes e incumpliendo los requisitos y las bases establecidas en la compra”.
Los encausados Marco Antonio Bográn Corrales, Juan José Lagos Romero, Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández, “mediante un concierto previo, simularon que la venta la estaba realizando Germar Ferretería, sin embargo, de las investigaciones se determinó que los funcionarios buscaron beneficiar siempre y en todo momento al grupo GYT S.A. de C.V. de Lagos Romero, ya que una vez que Invest-H hizo efectivo el pago a Germar Ferretería, de esta empresa se emitió un cheque de más del 95% del valor pactado a favor del esposo de la entonces congresista Zelaya”.
Dichas órdenes de compra primero figuraron por un monto arriba de los 50 millones de lempiras (L.50,836,500.00) y luego por un valor superior a las 39 millones de lempiras (L. 39,396,000.00), siendo esta última cifra la que se canceló a Germar Ferretería, pero esta le devolvió a G y T S.A. de C.V. más de 37 millones de lempiras (L. 37,989,000.00).
Es importante recordar que Invest-H pagó al Grupo GYT, de manera anticipada, un monto correspondiente al 40% del total de la compra, equivalente a veinte millones trescientos treinta cuatro mil seiscientos lempiras (L 20,334,600.00), mientras que el otro 60 % se pagaría al momento de ser entregadas las mascarillas N95.
Sin embargo, después de la denuncia realizada por el CNA, GYT decidió no consumar formalmente el acto de venta al Estado de Honduras y el 29 de abril de 2020, notificó a Invest-H que se cancelaba la venta de mascarillas y devolvió días después el dinero que recibió del erario público.
