El Gobierno de Costa Rica acusó este miércoles a la empresa Huawei de obstaculizar el desarrollo de las redes de quinta generación (5G) en el estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), uno de los principales proveedores de internet y telefonía móvil en el país.
“La empresa Huawei coaccionando o tratando de obligar al Estado a no tomar en cuenta el decreto (sobre ciberseguridad) para que ellos se aseguren su participación. Esto lo hacen con el apoyo de dos sindicatos del ICE”, declaró este miércoles la titular del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), Paula Bogantes.
Ese decreto, firmado en 2023, establece que, para participar en los contratos para redes y equipos de 5G, los países de origen de las empresas interesadas deben ser signatarios del Convenio de Budapest sobre lucha contra la ciberdelincuencia. China, país sede de Huawei, no es signatario de ese instrumento.
La compañía proveedora de equipos ha intentado frenar la aplicación del decreto del Gobierno de Costa Rica mediante un recurso de amparo que fue rechazado por la Sala Constitucional, y con medidas cautelares ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que no las ha resuelto definitivamente, pero que sí mantiene paralizadas las licitaciones del ICE de manera temporal.
La ministra Bogantes se quejó de que después de 10 meses el tribunal no haya resuelto el asunto, mientras que el presidente del ICE, Marco Acuña, dijo que la institución podría sufrir pérdidas superiores a los 250 millones de dólares si no desarrolla sus redes de 5G en el corto plazo.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, calificó este miércoles como una “irresponsabilidad” la actuación de las autoridades judiciales y enfatizó en que su Gobierno “no aflojará” en la aplicación del decreto que tiene como fin, según dijo, la protección de los datos y la información de las empresas y las personas.
“Países como Rusia, Corea del Norte o Irán, que no han firmado el Convenio de Budapest, no pueden venir aquí a ofrecer cosas. Países donde el Gobierno y el Estado, como en China, pueden ordenar a una compañía privada que le pase los datos de todos los ticos (costarricenses), legal o ilegalmente, aquí no va a tener acceso a los datos”, afirmó Chaves.
