La Corte Suprema de Justicia, por mayoría de votos, declaró la “inconstitucionalidad del Decreto 236-2012 sobre la reforma a los artículo 294, 303 y 329 de la Constitución, así como el Decreto 120-2013 que contiene la Ley Orgánica de las #ZEDES, con efectos nulatorios por vulnerar artículos pétreos”.
La reunión del pleno de magistrados, con cuatro de ellos vía zoom, sentenció así el fallo de la Sala de lo Constitucional que declaró “ha lugar” el recurso de inconstitucional interpuesto por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) contra las ZEDE; sin embargo, esta resolución no fue aprobada por unanimidad por lo que el caso pasó al pleno.
El recurso de la UNAH señala que el artículo 34 de la Ley Orgánica de las ZEDE, aprobada a través del Decreto Legislativo No. 120-2013, vulneran atribuciones exclusivas de la Constitución de la República y la Educación Superior, por lo que la CSJ dictó una sentencia “ex tunc”, que quiere decir “desde siempre” o desde su origen.
Es precisamente, las distintas posturas sobre este artículo lo que impidió una resolución unánime, pues mientras unos magistrados abogaban por eliminar únicamente el artículo 34, otros pedían la derogación completa de la ley que dio vida a las Zonas de Desarrollo Económico.
El fallo de la Corte Suprema es cuestionado por diferentes abogados que consideran que se puede derogar no anular. El artículo 316 de la Constitución establece que las sentencias de inconstitucionalidad deben tener efectos derogatorios (ex nunc).
¿Qué son las Zede?
Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) son un proyecto aprobado en 2013 por el Congreso Nacional de Honduras, que otorga cierta independencia administrativa a comunidades dentro del territorio hondureño, las cuales también fueron denominadas “ciudades modelos”.
Para conseguirlo, fueron reformados los artículos constitucionales 294, 304 y 329, lo cual fue duramente cuestionado por diferentes sectores, entre ellos el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), que denunció que con la reforma se violentó “el principio de aplicación territorial de la ley nacional”.
Estas ciudades no solo tienen su propia forma de administración, sino también independencia fiscal y tributaria, su propia forma de regir la educación y la justicia.
Esto fue interpretado por expertos como una violación directa a la Constitución, a tratados internacionales y hasta como una venta del territorio en “pedazos”. Los proyectos estarían ubicados en Choloma, Choluteca, la isla Zacate Grande, en Colón, Atlántida, Gracias a Dios, Valle e Islas de la Bahía.
El Congreso Nacional derogó la Ley de la ZEDE en 2022, pero no fue ratificada en el pleno lo que ha generó mayor controversia. Honduras enfrenta demandas por la derogación de la Ley, incluso con presión de Estados Unidos que protege a inversionistas que participan en la empresa Próspera ubicada en Roatán, Islas de la Había.
