El Comité de Asignaciones de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos, aprobó el proyecto de ley presupuestal para el año fiscal 2026 que supone un recorte de 22% con impacto en Latinoamérica.
La iniciativa, liderada por el congresista republicano Mario Diaz-Balart, fue aprobada con 35 votos a favor y 27 en contra, por lo que pasará a debate en plenaria y luego en el Senado para su discusión en septiembre.
De acuerdo con información del legislador en su sitio en internet, la iniciativa prevé una asignación discrecional total de $46,218 millones, que es $13,130 millones (22%) por debajo del nivel promulgado para el año fiscal 2025, así como $5,5 mil millones por debajo del proyecto de ley NSRP para el año fiscal 25 aprobado por la Cámara de Representantes.
El proyecto mantiene la financiación para aliados como Israel, Jordania, Egipto y Taiwán, pero contrarresta a adversarios como la República Popular China, Irán, Venezuela, Cuba y los cárteles de la droga, incluyendo aquellos designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras.
La cooperación para el Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) quedó condicionada a informes del Secretario de Estado sobre los avances en la relación con los tres países, que deberán presentarse 90 días después de la aprobación de la ley.
Se mantiene el aporte para promover la libertad en el hemisferio occidental que incluye: 35 millones de dólares para programas de democracia en Cuba; 50 millones de dólares para programas de democracia en Venezuela; 15 millones de dólares para programas democráticos y religiosos para Nicaragua.
Además de “prohibir fondos a países y organizaciones que continúan beneficiándose del tráfico de médicos cubanos, al tiempo que ordena al Secretario de Estado negar la entrada con visa a los Estados Unidos a cualquier funcionario de gobierno u organización internacional involucrado en la explotación de médicos cubanos”.
Se aumenta el financiamiento y el enfoque estratégico hacia los aliados en el hemisferio, incluidos Costa Rica y la República Dominicana.
Según el legislador de Florida, la iniciativa “promueve la libertad y la democracia al mismo tiempo que protege el dinero de los contribuyentes estadounidenses”. En este aparte, incluye a Colombia a la que plantea reducir la asistencia no militar en un 50%.
“Imponer condiciones estrictas al financiamiento y exigir un informe previo a la obligación para Colombia, reducir la asistencia no militar en un 50 por ciento (45% efectivo) debido al fracaso de la administración Petro de alinearse con los intereses de Estados Unidos y el empeoramiento de las condiciones de seguridad, incluido un intento de asesinato de un líder de la oposición política, mientras se mantiene aún un apoyo continuo a los esfuerzos antinarcóticos”, puntualiza en el documento.
La propuesta incluye $209 millones para Colombia: $67 millones de dólares para programas de inversión en seguridad nacional, $103 millones de dólares para la lucha contra el narcotrafico y $38 millones en financiación para las Fuerzas Armadas.
Durante la sesión, Díaz-Balart justificó la reducción argumentando que “Colombia ya no está alineada con los intereses estratégicos de Estados Unidos” y atribuyó el recorte al “fracaso del Gobierno Petro en prevenir la violencia política, el deterioro económico y el fortalecimiento del crimen transnacional”. En su intervención, incluyó a Colombia, junto a México y Sudáfrica, como países cuya cooperación con Estados Unidos ha disminuido de forma preocupante.
