Estados Unidos busca convertirse en un tribunal internacional para juzgar la corrupción, tras el anuncio del presidente Joe Biden, de firmar una ley (FEPA) que “autoriza la persecución penal de funcionarios o líderes extranjeros corruptos”.
El proyecto se llama Ley de Prevención de Extorsión Extranjera (FEPA, por sus siglas en inglés) que consiste en “perseguir a cualquier funcionario extranjero que haya exigido o aceptado un soborno de una empresa estadounidense”.
Aunque el soborno ya está tipificado en la ley estadounidense y en tratados internacionales, la Ley FEPA tendría mayor alcance sin contar con la opinión jurídica de la comunidad internacional
La ley abarca a cualquier funcionario extranjero, incluido empleado de un gobierno extranjero o cualquier oficinista actual o exfuncionario ejecutivo, legislativo, judicial o militar de un gobierno extranjero y familiar inmediato o asociado cercano.
El comunicado de Transparencia Internacional capitulo Estados Unidos indicó que esto abarca a un funcionario extranjero acepta soborno de una empresa estadounidense mientras se encuentre en territorio de EE UU en relación con la obtención o retención de negocios.
El director de promoción de Transparencia Internacional de EEUU, Scott Greytack, consideró que la Ley FEPA ayudará a llevar “justicia real (…)” a las víctimas de la corrupción en todo el mundo.
Señaló que esta ley tiene el potencial de ayudar a erradicar la corrupción extranjera en su origen y, lo considera como la ley de sobornos extranjeros más amplia y consecuente en casi medio siglo.
La actual ley de EE UU tipifica como delito que una empresa estadounidense ofreciera un soborno a un funcionario extranjero, pero no hace nada para castigar a éste que exige o acepta tal soborno, argumentan.
En ese sentido, las empresas estadounidenses enfrentan a una responsabilidad penal grave por su participación en tales esquemas de ofrecer sobornos a funcionarios extranjeros.
No obstante, con esta ley, Estados Unidos podrá imponer un costo a aquellos que amenazarían a sus ciudadanos con demandas de soborno.
