El gobierno aprobó una Comisión Técnica Liquidadora con poderes plenos para despedir al personal por contrato y acuerdo de 16 instituciones que ordenaron desaparecer y ordena el pago de sus prestaciones y demás derechos. Se trata del Decreto Ejecutivo Número PCM 11-2022, aprobado a finales de abril.
En el mismo se establece el nombramiento de la Comisión Liquidadora encargada de cumplir con la nueva estructura ministerial establecido en el PCM 05-2022, que elimina 16 instituciones como Insep e Invest Honduras, entre otras.
La Comisión tiene “atribuciones plenas en lo conducente a la liquidación de personal por contrato y acuerdos, pago de pasivos y deudas” y debe conformarse este mes.
Una vez liquidadas las instituciones, las “obligaciones financieras que actualmente tienen estas instituciones serán transferidas a la Comisión Técnica Liquidadora y su financiamiento será cubierto del saldo disponible” en el presupuesto.
La Secretaría de Finanzas “asumirá las obligaciones financieras que se pudieran generar en instancias administrativas o judicial de los actos realizados que se generen posteriormente al proceso de liquidación”. El titular de la Comisión Liquidadora Técnica, el titular de la unidad nominadora, los funcionarios que intervengan en los actos administrativos que den origen al pago “no serán responsables de forma personal o solidario”, agrega el decreto.
Las secretarías de Estado, programas, gabinetes especiales y otras deberán proceder a su inmediata liquidación operativa, administrativa y financiera.
El proceso será distinto para las instituciones suprimidas con el fin de continuar con el normal desarrollo de los programas y proyectos que se encuentren en ejecución mantendrán su condición de organismos ejecutores debiendo realizar actividades y administrativas hasta que los mismos sean trasladados de manera ordenada.
Se estima un plazo de seis meses para concluir con el proceso. El inventario de los suministros y bienes materiales existentes en las secretarías y entes a desaparecer deben ser trasladados a la Dirección Nacional de Bienes de Estado (DNBE), quien deberá realizar la descarga y registros de inventarios de los bienes muebles e inmuebles.
Igualmente se deben trasladar los recursos presupuestarios y financieros con los que han venido operando las secretarias de Estado, Programas, Gabinetes Especiales, Gabinetes Sectoriales, institutos y direcciones que han sido suprimidos.
