El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), presentó este miércoles su propuesta de estrategia de empresas sostenibles para los próximos cuatro años, enfocada en una serie de medidas, como reformas administrativas, inversión pública, incentivos fiscales, transparencia, respeto al Estado de Derecho, acceso a financiamiento, manejo privado del Infop, entre otras.
La propuesta fue presentada durante el Encuentro Nacional Empresarial (ENAE) 2025, con la presencia de cuatro candidatos presidenciales: Nasry Asfura (Partido Nacional), Salvador Nasralla (Partido Liberal), Mario Rivera (Partido DC) y Nelson Ávila (Pinu-SD), y la ausencia de la candidata oficialista, Rixi Moncada (Libre).
El extenso plan contó con la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través de su Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES).
A continuación un resumen de la propuesta empresarial:
Las propuestas contenidas en la Estrategia de Empresa Sostenible 2025 se agrupan en torno a los seis pilares: Estado de Derecho y Facilitación Administrativa; Infraestructura y Energía Competitividad y Desarrollo de Mercado; Riesgo y Resiliencia y Crédito y Servicios de Apoyo.
Estado de Derecho y Facilitación Administrativa
El Estado de Derecho es un pilar fundamental para garantizar el desarrollo empresarial en Honduras. Se incluyen temas como la seguridad jurídica, la estabilidad normativa y la confianza en las instituciones públicas, especialmente en lo relativo a la protección de los derechos de propiedad, el cumplimiento de contratos y la resolución de disputas.
Se propone la creación de una autoridad dedicada a implementar todos los cambios necesarios para reducir los tiempos, pasos y costos asociados a un procedimiento administrativo.
Apertura de oficinas foráneas por las instituciones publicas que otorgan permisos, licencias, autorizaciones, certificaciones, etc. con facultades suficientes para resolver los trámites sin necesidad de referirse a una autoridad central.
Entidades gubernamentales
Los empresarios consideran que la vigencia y continuidad de las políticas públicas es esencial para mantener la estabilidad del Estado de Derecho en Honduras. Para ello deben existir garantías de que, una vez promulgada una ley o aprobado un reglamento, estos sean perdurables independientemente de las futuras gestiones estatales en el gobierno central.
Para lograr tal cometido se propone que: Incorporar un régimen de servicio civil especial a ciertas instituciones públicas cuya función es relevante para el funcionamiento de la actividad privada, de manera que se minimice la rotación laboral de funcionarios y empleados para que no se pierda el conocimiento adquirido.
Fortalecer el sistema de planificación estratégica central, que oriente la gestión y planes operativos del Estado, especialmente las inversiones en infraestructura y proporcione una visión sobre el rumbo de la Administración y sus objetivos para el país.
Incorporar requisitos relacionados con buenas prácticas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en la reglamentación de incentivos fiscales y procesos de licenciamiento ambiental, dimensionados al tamaño de la empresa solicitante.
Rendición de cuentas y combate a la corrupción
Se recomienda implementar un mecanismo mediante una aplicación digital que sirva de canal a la ciudadanía para denunciar actos de corrupción y fortalecer el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) para ampliar sus facultades de investigación.
Cooperación con el Estado
Para ello se formuló que es necesario la instauración de mesas de trabajo como un mecanismo de seguimiento a la implementación de las agendas de competitividad por región en todo el país.
Infraestructura y Energía
La empresa privada sugiere Simplificar la Ley de Contratación del Estado y reducir los tiempos de los procesos de licitación, creación de mecanismos más ágiles de pagos para los contratistas por obras ejecutadas.
Desarrollar un programa de inversiones para mejorar la conectividad entre las regiones, tomando en cuenta la reducción del impacto ambiental y la necesidad de modernizar las vías principales mediante la construcción de vías de libramiento y concluir también el programa de mejoramiento de los Aeropuertos para mejorar la conectividad aérea del país.
Mejorar la gestión y regulación del parque vehicular urbano, incluyendo el equipo de transporte público y el que presta servicios privados de transporte de alquiler, taxis y mototaxis.
Infraestructura pública
Los empresarios recomiendan la mejora y ampliación de los corredores logísticos norte y noroccidente – sur -nororiente, establecer estándares de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental en proyectos de infraestructura y el res de la infraestructura vial secundaria y terciaria en las regiones productivas.
Sector energético
El sector privado manifiesta que la precariedad del servicio de la compañía estatal no cumple con una cobertura estable y tampoco permite innovar por iniciativa privada fuera del Estado; es por esta razón se propone: “Llamar a un pacto nacional por la recuperación del sector electricidad, que ejecute las medidas necesarias para lograr el reordenamiento del mercado energético, reestructuración de la ENEE, administrativa, operacional y financiera”.
Asimilación del programa de reducción de pérdidas a una empresa de servicios con remuneración basada en resultados, readecuación de las obligaciones financieras, reformulación de los planes de generación y transmisión, eliminación del subsidio cruzado y racionalización del subsidio a bajos consumos; puesta al día de las obligaciones con generadores.
Resguardo del mercado nacional
Combate efectivo contra el contrabando y la comercialización ilícita de mercaderías sujetas a derechos de propiedad intelectual, tales como Medicamentos, Cigarrillos, Bebidas alcohólicas, Ropa y Calzado, Marroquinería, Perfumería y Cosméticos.
Crédito: Introducir en los proyectos de financiamiento para MiPymes con fondos públicos, el requisito de asesoría técnica, en forma obligatoria. Crear líneas de financiamiento verde y seguros para prácticas sostenibles en MiPyMEs.
Especialización de la fuerza laboral Adecuar los programas de formación técnica del INFOP para ofrecer certificados especializados por sector, pertinentes a la demanda laboral.
Contar con una institución que colabore a formar jóvenes bajo un perfil acorde a la demanda laboral técnica de cada sector económico de la región, mejorando la empleabilidad y reduciendo la fuga de talento especializado al extranjero.
Revisar y mejorar programas universitarios y de colegios para la práctica profesional y pasantías.
La modernización del modelo educativo técnico
Modernización del INFOP y traspaso de la gestión al sector privado, creando un esquema de Gobernanza, paritario, equitativo y rotativo, tomando por ejemplo el esquema de gobernanza del RAP.
Derechos sociales como incentivo
Como último punto, la empresa privada reconoce que la adopción de beneficios laborales y sociales son un aliciente eficaz para todos los sectores productivos. Por tanto, los empresarios enfatizan la necesidad de “crear incentivos para empresas que provean a sus empleados con beneficios laborales adicionales a los legales, tales como vacaciones pagadas, sistemas de pensión, seguro médico, etc. mediante un crédito parcial al impuesto al activo neto o sobre la renta”.
Previsión Social como derecho de los Trabajadores
El derecho a un retiro donde el trabajador siga teniendo capacidad de consumo y posibilidad de atender a la satisfacción de sus propias necesidades se propone:
Crear incentivos para empresas que provean a sus empleados con beneficios laborales adicionales a los legales, tales como vacaciones pagadas, sistemas de pensión, seguro médico, etc. mediante un crédito parcial al impuesto al activo neto o sobre la renta.Iniciar un pacto público-privado por la mejora del sistema de previsión social y la protección de los trabajadores en su vejez. Los temas de discusión incluyen:
– Resolver de fondo la crisis del INPREMA y del INJUPEMP.
– Analizar propuestas para transitar a esquemas de contribución definida.
– Fomentar esquemas de pensión mínima para trabajadores que participen en esquemas de promoción de formalización del empresas y empleos, tomando como ejemplo, programas exitosos en Brasil y Uruguay, entre otros.
