La concesión de 25 años para construir un puerto y un muelle para cruceros en Omoa, aprobada por el Congreso Nacional, camina a convertirse en una nueva investigación para el Ministerio Público.
La concesión fue aprobada a un desconocido consorcio conformado por las empresas Inversiones Estratégicas Portuarias (Invesport), y Servicios Consolidados, sin que se presentara el contrato en el hemiciclo legislativo negociado por la Empresa Nacional Portuaria (ENP).
Pero el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), agregó más polémica al denunciar que ese contrato “no lo aprobó la Junta Directiva de la Portuaria”, donde los empresarios tienen representación.
El Cohep respondió a la solicitud del diputado al Congreso Nacional, Mauricio Villeda, sobre la participación de sus delegados en la aprobación del contrato del puerto de Omoa.
“En ningún momento se presentó ante el seno del directivo de la ENP el contrato para su conocimiento, discusión y aprobación, por tanto los delegados del Cohep no han aprobado en ningún momento ese contrato”, declaró la delegada suplente, Helui Castillo.
Castillo también descartó que los delegados recibieran una solicitud o que se aprobara el contrato, más bien “la junta directiva de la ENP ha sostenido reuniones extraordinarias para revisar cómo ocurrió el proceso de aprobación del contrato”,
Para el diputado Villeda, no se entiende como el Congreso Nacional, con los votos del Partido Nacional, aprobara un contrato sin tenerlo a la vista.
El contrato es por 25 años para construir un puerto y un muelle para cruceros, sin presentar estudios del impacto económico y ambiental y dándole la categoría de “proyecto de interés nacional”, para evitar la licitación del mismo.
El Consejo Nacional de Inversiones (CNI) comunicó que la declaración de proyecto de interés nacional no incluye exoneraciones fiscales. Las exoneraciones si están incluidas en la aprobación del Congreso.
