El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), reunido este miércoles en la base aérea de Mocorón, municipio de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, declaró “emergencia ambiental” a nivel nacional y anunció una inversión de “19 mil millones de lempiras para proteger el bosque” en un plazo de cinco años.
Sin dar detalles del millonario gasto, que se estima con fondos nacionales, anunciaron el estado de emergencia ambiental en los bosques, áreas protegidas y cuencas, que incluye la suspensión de permisos otorgados por el Intituto Ncional Agrario (INA) y otras instituciones en vista de la crisis ambiental que se vive a nivel nacional y con altos niveles de contaminación del aire en la capital.
Según el Instituto de Conservación Forestal (ICF), en lo que va del año se han registrado más de 2.500 incendios y al menos 30 se encuentran activos actualmente.
La presidenta de Honduras, Xiomara de Zelaya, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, y miembros de las Fuerzas Armadas se reunieron para analizar laproblemática ambiental y acciones inmediatas a realizar.
“El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad ordena, a través de la presente resolución, declarar el estado de Emergencia Ambiental de los bosques de Honduras, la defensa de las áreas protegidas y zonas productoras de agua”, reza el documento.
La Estrategia de “Cero Deforestación” contará con un presupuesto de 1,000 millones para ejecución de 2024; 2,000 millones para 2025; 3,000 millones para 2026; 5,000 millones para 2027; y 8,000 millones para 2028; sumando así una inversión total de 19 mil millones de lempiras, informaron las autoridades.
Acciones judiciales
El CNDS, instruyó al Ministerio Público, investigar el modo de operación de las asociaciones y organizaciones con actividad comercial y criminal en la región, cuyas acciones, atentan y destruyen los bosques tropicales de Honduras, especialmente en los departamentos de Olancho y Gracias a Dios.
Además, se ordenó neutralizar y establecer control en las carreteras utilizadas para cometer delitos ambientales y actividades asociadas al crimen organizado y se instruyó a las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público, proceder de acuerdo a los mecanismos legales correspondientes, al decomiso inmediato y la posterior destrucción de acuerdo a la ley, de la maquinaria que depreda bosques, ríos, montañas y áreas protegidas.
Las autoridades del Consejo de Defensa, detallaron que anularán jurídicamente las autorizaciones que en áreas forestales ha extendido el Instituto Nacional Agrario (INA) transgrediendo la Ley de Forestal e instruyeron a las Fuerzas Armadas, a través de la Policía Militar del Orden Público; y a la Policía Nacional, cumpliendo los requisitos que manda la ley, al desalojo de las actividades de agricultura, ganadería, minería, dragado de ríos, y construcción de proyectos de urbanización, dentro de las zona núcleo de las áreas protegidas, para lo que se extiende un plazo de 45 días.
“Cero Deforestación”
Las Fuerzas Armadas aumentarán progresivamente, en el tiempo de duración de la estrategia “Cero Deforestación”, hasta 8.000 efectivos asignados a los Batallones de Protección Ambiental para garantizar el ejercicio de la soberanía nacional y defensa de las áreas protegidas, indica la resolución del CNDS, que agrega que, todas las personas naturales y jurídicas, encontradas cometiendo delitos ambientales deben ser capturadas y puestas a disposición de los juzgados
especiales de jurisdicción nacional en materia ambiental.
La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, dispondrán de tres jueces de jurisdicción nacional y de 3 fiscales de jurisdicción nacional, respectivamente, con residencia en las zonas de reserva declaradas en los departamentos de Olancho, Gracias a Dios y otros.
Asimismo, se ordenó la creación de la Comisión para la Cero deforestación al 2029, a cargo de todas las funciones en defensa, protección, y desarrollo sostenible de los bosques de Honduras.
Dicha comisión, que será presidida por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y que tendrá en el cargo de “secretario” al Instituto de Conservación Forestal (ICF), deberá presentar en siete días el reglamento para operar la resolución del CNDS y deberá establecer los incentivos para las personas que ubicadas dentro de áreas deforestadas, se incorporen a un programa voluntario de protección, reforestación y defensa de las cuencas productoras de agua.
