El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), interpuso una denuncia en el Ministerio Público por supuestas irregularidades en la compra de lámparas LED. del programa presidencial “Honduras Brilla” que se habría pagado con fondos de la Tasa de Seguridad (“Tasón”) a la empresa colombiana Roy Alpha.
La denuncia incluye “documentación original” del proceso de licitación de luminarias No. 100-004/2017 (suministro de materiales para alumbrado público) aprobada por seis funcionarios de la ENEE, incluyendo el exgerente, Jesús Mejía.
El pago habría pasado a las cuentas del Tasón y el equipo eléctrico al programa “Honduras Brilla”. Este programa, según la Presidencial, invierte 400 millones de lempiras en compra de luminarias y es apoyado por la agencia de cooperación estadounidense, USAID.
Corrupción y “obscuridad”
Nombrado como “Las Luminarias de la Corrupción y Obscuridad”, el caso consiste en la suscripción del contrato a la adquisición de luminarias LED como parte del programa “Honduras Brilla” en julio de 2017, dijo el jefe de la unidad de investigaciones del CNA, Odir Fernández.
El supuesto perjuicio para el Estado es por 97 millones de lempiras, señala el funcionario, e involucra a la empresa colombiana Roy Alpha, quienes proveerían 56.000 luminarias (Lamparas de alumbrado público LED) para ser distribuidas en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.
Según la oferta de Roy Alpha, el contrato es por más de 100.000 luminarias, además de transformadores, postes, cables y conectores (con otras empresas).
“Después de verificaciones técnicas, periciales de manera internacional, se pido verificar de que las lámparas eran de muy mala calidad. Las luminarias no duraban ni 30 días porque se les filtraba el agua”, señaló.
También señala a diputados (del Partido Nacional) que habrían hecho política con la colocación de las luminarias adquiridas en julio de 2017.
“Fueron distribuidas a diputados del Congreso Nacional para que ellos hicieran campaña política con las mismas luminarias, muchas no llegaron a sus destinos correspondientes, muchas no se distribuyeron como correspondía y al término, pues hemos identificado un perjuicio por casi 100 millones de lempiras en contra del Estado de Honduras”, apuntó.
Para Fernández, la forma en que se trasladó la compra de luminarias a la Tasa de Seguridad es irregular y evitó la transparencia en el proceso y el pago de impuestos de importación del equipo.
Al respecto, Jesús Mejía, sostiene que el traslado fue legal ya que existe un convenio con la Tasa de Seguridad Poblacional “en el tema de energía, y tiene un efecto de bajar los costos a través de procedimientos legales que tiene la tasa de seguridad”.
Argumentó que el proceso de licitación fue abierto y acusó de “protagonismo” a los funcionarios del CNA.
La acusación del CNA involucraría, además de Mejía, a los miembros de la comisión evaluadora de ofertas de licitación entre ellos: el gerente de distribución, jefe de alumbrado público centro-sur, jefe administrativo de distribución, procuradora legal, y asistente de proceso de licitaciones.
