El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció este martes que en el Hospital San Felipe se realizaron contrataciones directas el año pasado, basadas en la declaratoria de emergencia aprobada por la actual administración, pero sin cumplir con la normativa de emergencia.
El CNA señala cuatro casos y toma como base datos de Auditoria Interna de la Secretaría de Salud. Uno de los casos significó el pago de 13.9 millones de lempiras, pero donde varias facturas no están sustentadas (no tienen detallado el servicio contratado).
El CNA sostiene que hay indicios de responsabilidad penal y violación a los deberes de los funcionarios. Se menciona al ex Director, Carlos Murillo, la exadministradora Belia Varela y José Armando Salomón Montoya, exjefe de compras.
La directora del CNA, Gabriela Castellanos, expuso que se investigó tres procesos de contratación directa y uno de licitación privada en el Hospital San Felipe en 2023 donde se encontraron irregularidades. Destaca que algunas contrataciones fueron “urgencias” y no “emergencias”, permitidas bajo las reglas del PCM 04-2023.
Entre los meses de febrero y septiembre de 2023,fue contratada una empresa para la realización de diferentes proyectos de mejora en los cuales dicha empresa se encargaría de proveer insumos y brindar diferentes servicios que ascienden a un monto total de trece millones, novecientos cincuenta y cinco mil, seiscientos noventa y uno lempiras (L13,955,691.43).
De acuerdo al oficio de auditoría interna de la Secretaría de Salud (Sesal) número 537-2023-UAI-SESAL-TSC de fecha 08 de noviembre de 2023, no existe evidencia documental que compruebe que las facturas son resultado de procesos de contratación apegados a la normativa vigente (Ley de Contratación del Estado) o compras directas por emergencia.
Asimismo, no existen documentos que acrediten la recepción de los bienes y suministros brindados por la empresa contratante, lo cual imposibilitó determinar que todos estos cumplieran con los requerimientos técnicos necesarios para suplir la necesidad existente en el hospital.
Compras y licitación privada
De acuerdo al informe de hallazgos de auditoría interna de la Sesal, los procesos de contratación directa CD-09-2023-HSF-SESAL y CD-10-2023-HSF-SESAL, así como la licitación privada LP-02-2023-HSF-SESAL, “fueron realizados extemporáneamente, ocultando que la finalidad
de dichos procesos era legalizar los bienes y servicios adquiridos con anterioridad, en donde se prescindió de los procedimientos, documentos y requisitos legales establecidos”.
También se firmó el contrato número CD-01-2023-HSF-SESAL sin haber concluido el proceso de contratación y sin la emisión de la resolución de adjudicación. El 14 de septiembre de 2023, se suscribió el contrato denominado Contrato de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio para el Hospital General San Felipe y Asilo de Inválidos.
El contrato fue celebrado por el director ejecutivo del Hospital San Felipe, Carlos Roberto Murillo Castillo y el representante de la empresa Servicios Agro Industriales (SAISA), Salvador Alfredo Mendoza. El contrato no se ejecutó por razones administrativas.
De los cuatro procesos, el CNA encontró tres expedientes en blanco, sin los formularios ni documentos requeridos o información de la empresa contratista. Asimismo, una de las contrataciones inició el proceso, pero no se culminó.
Ante esta situación, se realizaron audiencias de descargo a dos funcionarios involucrados: la administradora Belia Varela y el jefe de compras José Salomón, por lo que la Unidad de Asesoría Legal de la Secretaría de Salud recomendó la cancelación por despido sin ninguna responsabilidad para el Estado de Honduras.
En el desarrollo de la investigación del CNA, se determinó que la actuación de los dos funcionarios y del exdirector, Carlos Roberto Murillo Castillo, vulneró lo estipulado en la Constitución de la República, la Ley de Contratación del Estado, el PCM 04- 2023 y la Guía del PCM 04-2023, actuaciones que presentan indicios de la posible comisión del delito de violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
