CNA denuncia compras “familiares” por más de L13.7 millones en Gobernación

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció este jueves irregularidades por 13.7 millones de lempiras (L13.710.250.73) en el proceso de compras realizadas por la Secretaría de Gobernación que involucra al menos a 10 empresas

Las empresas funcionaban de manera coordinada, alternándose las adjudicaciones de compras menores, para simular un proceso con aparente legalidad, acusa el CNA.

Esta organización presentó el informe “La sangre llama… y contrata”, en alusión a compras a empresas relacionadas con funcionarios públicos, en un esquema de corrupción que operó durante dos años en la Secretaría de Gobernación.

Durante el período 2022-2024, se realizaron compras con 10 empresas sin los parámetros que establece la normativa de contratación pública, en virtud que existían vínculos o conflicto de interés entre funcionarios de la referida secretaría con los dueños de dichas empresas mercantiles.

Los funcionarios implicados son Jackeline Lizzette Pinto en su calidad de gerente administrativo y Fredis Naúl López Escober como subgerente de recursos materiales y servicios generales. Además a Franklin Alberto Lanza Sánchez, Gavriel Jesús Rosale Rivera y Francisco Armando Júarez Meráz.

Las empresas a quienes les realizaron procesos de compra tenían conflictos de interés ya que sus propietarios eran familiares de Jackeline Pinto y Fredis López Escober.

En el caso de Fredis López, se identificó un esquema en el que su esposa, hermanos, sobrinas, yerno, su hija eran socios de cinco empresas con quien la Secretaría de Gobernación hizo negocios.

También se identificó que Fredis López también fungió el cargo de coordinador de servicios generales de la Secretaría de Gobernación y participó en comités encargados de adjudicar procesos de compras menores a empresas donde sus familiares eran socios.

En el caso de Jackeline Pinto, su esposo, cuñada y yerno fueron socios de dos empresas favorecidas de compras menores de parte de la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo al CNE, se configura la comisión de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.

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