El CNA denunció ante el Ministerio Público (MP) al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo por el supuesto delito de administración desleal del patrimonio público. El diputado ha autorizado la erogación de L 314,538,708.88 en concepto de subvenciones, subsidios y ayuda social.
También denuncian a diputados del Congreso Nacional y a la oficial de Transparencia del CN por la presunta comisión del delito de violación de los deberes de los funcionarios por omitir la obligación legal de brindar la información pública al CNA relacionada con las subvenciones, subsidios y ayudas sociales.
“La discrecionalidad más que la legalidad predomina en el Congreso Nacional en lo referente a la entrega de subvenciones, subsidios y ayudas sociales a las y los diputados, que en un año recibieron más de 314 millones de lempiras”, según la investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Entregas ilegales
En enero de 2019, se reformó por adición el artículo 81-A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que crea un fondo para los diputados con el fin de apoyar la ejecución de programas de ayudas sociales. En agosto de 2023 se derogó la “Ley del Fondo Departamental”, pero los fondos para los diputados siguieron siendo aprobados.
“Ignorando esta disposición, la presidencia del CN justifica la entrega de estos recursos que manejan las y los diputados amparados en el artículo 205 numeral 37 de la Constitución de la República, la cual no faculta al titular del legislativo para autorizar fondos sino, todo lo contrario, impone al Congreso Nacional el establecimiento de una ley que regule los casos en que procede el otorgamiento de subsidios o subvenciones”, añade el informe.
Igualmente, el artículo 205 constitucional referente a las atribuciones del Congreso Nacional, no contempla en ninguno de sus apartados la facultad para que los (as) Legisladores puedan administrar y ejecutar fondos provenientes del erario público.
El CNA identificó que la asignación de estos fondos públicos se rige por un documento denominado “Manual de procedimiento para otorgar subvenciones o ayudas sociales”, un instructivo conformado por cuatro fases que incluye el proceso de liquidación.
Sin embargo, dicho manual no cumple con el requisito de una ley que exigen el artículo 205 numeral 37 de la Constitución de la República y el artículo 81-A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo , y por ende, constituye una extralimitación por parte de quien ejerce la administración del Congreso Nacional.
Opacidad
En el marco del Mecanismo de Incidencia Ciudadana (MIC), 139 legisladores (de 128 diputados propietario y 128 suplentes que también manejan fondos públicos) se comprometieron a brindar información de su gestión, por lo que se hizo la solicitud correspondiente.
El CNA requirió a los congresistas de las seis corrientes políticas, pero en el desarrollo de las diligencias de investigación se evidenció la opacidad con la que opera el CN y la mayoría de las y los diputados que se rehúsan a brindar dicha información.
De los 256 diputados y suplentes, cinco presentaron la liquidación de los fondos otorgados, mientras 51 informaron que no recibieron las denominadas subvenciones, y 194 no dieron respuesta.
De acuerdo con el análisis financiero, se identificó que el Congreso Nacional, en 12 meses ha autorizado la erogación de 314 millones 538.708 lempiras (L 314,538,708.88) en concepto de subvenciones, subsidios y ayuda social.
