Concebido para generar vivienda a más de mil personas damnificadas por las tormentas Eta e Iota, ocurrido en noviembre de 2020, el proyecto de edificios multifamiliares (casas contenedores) solo ha logrado albergar a 23 familias, y solo 10 de ellas afectadas por el fenómeno climático.
Este baja ejecución ha representado millonarias erogaciones para el Estado y según el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), existe un perjuicio de 69 millones de lempiras. El proyecto, que reorientó un fideicomiso aprobado en marzo de ese año, estaba a cargo de la Secretaría de la Presidencia, que dirigía el ex ministro Ebal Díaz.
Bajo el nombre de “El ilusionismo de «El hombre de atrás»”, el informe del CNA señala que al menos cinco ex funcionarios y contratistas deberían ser acusados penalmente por el Ministerio Público por el millonario gasto, ya que no se cumplió con el apoyo a residentes de las orillas del río Choluteca, específicamente, en la colonia Las Brisas, La Betania, Brisas de Santa Bárbara y otras zonas de riesgo.
Y es que en enero anterior, el CNA realizó una inspección y solo 23 familias habitan las viviendas, de las cuales únicamente 10 forman parte del grupo al que iban dirigidas; el resto son familias del proyecto reasentamiento Lomas del Diamante.
Se encontraron cuatro irregularidades de gran magnitud desde el diseño, construcción y supervisión de la cimentación del edificio, que se demolió y volvió a edificar, lo que generó un perjuicio en el costo de la obra y enmiendas a contratos conexos.
Se reportaron anomalías en la adquisición de los contenedores e inconsistencias en las suscripciones de más de un contrato para realizar la misma actividad (duplicidad).
Además, durante la ejecución del proyecto se nombró a dos servidores públicos para desempeñarse ad honorem, sin embargo, el coordinador técnico de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) suscribió contratos donde les reconocía un pago mensual de 110 mil lempiras y uno de ellos recibió 484 mil 940 lempiras por derechos y prestaciones.
¿Dónde están los otros 15 contenedores?
Se identificó la existencia física de 286 contenedores, respaldados con su acta de recepción, pero se pagaron 301; se desconoce la existencia de 15 unidades que no cuentan con el soporte administrativo.
De los 301 contenedores facturados, únicamente se utilizaron 118 y otros 168 siguen en desuso.
En consecuencia, el 20 de octubre de 2021, la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), ante el exceso de contenedores comprados y no utilizados, intentó vender 114 unidades usadas, pero la subasta fue declarada fracasada a falta de oferentes; este proceso tenía el objetivo de recuperar unos ocho millones de lempiras.
Según el CNA el impacto de los 15 contenedores es de 200.000 lempiras, pero al ver la documentación se puede ver que la Empresa número 2, fue la que no entregó la orden y el precio promedio por cada contenedor fue de 79.862 lempiras, es decir un millón 137.931 lempiras por los 15 contenedores pendientes.
Denuncia contra cinco involucrados
Ante estos hechos, el CNA interpuso una denuncia en el Ministerio Público por suponer responsables de delitos de fraude y delito de administración desleal del patrimonio público en contra del ex asesor de la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, el exdirector técnico de la Unidad Especial de Ejecución de Proyectos (UEEP), el exgerente de Proyecto Residencias Morazán, el excoordinador técnico de la UCP y el exgerente administrativo y de adquisiciones de la UCP.
Gabriela Castellanos, Directora Ejecutiva del CNA, dijo que “el hombre de atrás de estos negocios redondos es precisamente el Exsecretario de la Presidencia (Ebal Díaz), este señor modeló junto a los contenedores y hasta grabó su recorrido y cuando ya no se pudo ocultar el fracaso de este proyecto simplemente se lavó las manos tal como lo hizo con la promesa de los 90 hospitales públicos que nunca se construyeron”.
“Este descaro de alto nivel no puede quedar en la impunidad es por eso que hoy el CNA interpuso una denuncia ante el Ministerio Público en contra de cinco individuos que fueron participes del fraude y administración desleal del patrimonio público en este caso conocido como vivienda contenedores”, apuntó.
