La reforma legislativa del contrato de concesión del aeropuerto de Palmerola por cinco años, incluyendo la administración de la terminal de Toncontín, ha generado reclamos sobre la legalidad del proceso por parte del sector empresarial y de diputados.
El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, preguntó, vía tuit, si “¿es legal?????????”, la reforma a la concesión.
Mientras tanto el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Rafael Medina, señaló que se deben dar “explicaciones sobre la ampliación de los plazos (de 30 a 35 años), de las condiciones en que se da esa ampliación y de si existen multas por no cumplir con la entrada en operación de Palmerola este año”.
Tampoco entendemos, agregó, cómo se trasladó la concesión de Toncontín a esa empresa que va a administrar Palmerola (Grupo Emco, sin conocer si cuánto van a pagar al Estado (actualmente unos 300 millones de lempiras al año).
“Nosotros pedimos al presidente Juan Olando (Hernández) que vete ese proyecto por el bien de la transparencia de las concesiones hondureñas”, solicitó Medina.
Para la diputada, Doris Gutiérrez, el proyecto aprobado es un “ilegal porque no se presentó completo en el hemiciclo y se le dispensaron dos debates. Nosotros votamos en contra porque se están entregando recursos públicos”.
Palmerola costará más de 200 millones de dólares y la mayor parte de los fondos los aporta el gobierno y España, vía condonación de la deuda externa pra la reducción de la pobreza.
La propuesta de reforma fue presentada por el diputado de Comayagua, Gerardo Martínez.
Por su parte las autoridades del Insep, sostienen que la ampliación fue “transparente” y que se cumplen con las normativas legales.
