El Salvador atraviesa una crisis política entre el presidente Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa por la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), pero el organismo financiero dijo que “no se involucrará en asuntos internos” del vecino.
El préstamo es para financiar la fase tres del Plan Control Territorial, y llevó al gobierno a presionar ala Asamblea con el envío de fuerzas militares al hemiciclo el fin de semana anterior.
Sin embargo, el BCIE se limitó a informar que. es un “ente apolítico”, “todas las decisiones sobre aprobación de operaciones para financiamientos de programas y proyectos son aprobadas en el seno del directorio, el cual está integrado por los representantes de cada uno de los países socios”.
El BCIE, agrega el documento, reitera “su compromiso de promover la integración económica y el desarrollo económico y social equilibrado de la región centroamericana, que incluye a los países fundadores y a los países regionales”.
Inversión en seguridad
El Plan de Control Territorial, es un programa de seguridad contra el control de maras y pandillas en varios municipios salavadoreños.
Según el gobierno de El Salvador serían instalados 4.075 cámaras en diferentes puntos del país. Incluye además un nuevo sistema de analítica de reconocimiento facial.
En este monto el Gobierno contempla la instalación de 750 kilómetros de fibra óptica, la compra de 89 drones para la Policía Nacional Civil (PNC) y 28 para la Fuerza Armada.
En este rubro, el ejecutivo tiene prevista la instalación de 13 centros de monitoreo para la Policía y uno para el Ejército y equiparlos con productos y servicios médicos.
El Salvador, integra el directorio del BCIE como directora temporal Ad Honórem la que es actualmente comisionada presidencial de Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos.
Recinos aseguró que el presidente Bukele “es respetuoso de la ley” y cumplirá la reciente sentencia de la Sala de lo Constitucional, que le impidió como medida cautelar que repita las acciones del domingo, cuando utilizó a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil (PNC) para invadir la Asamblea Legislativa en la convocatoria a sesión plenaria extraordinaria.
