La Ley de Auxilio al Sector Productivo, violenta la Constitución de la República al establecer beneficios fiscales a un grupo de empresas (Mipymes), señaló la dirigencia del sector empresarial.
La Ley aprobada, por el Congreso y que será publicada en las próximas horas, otorga una prórroga fiscal de tres meses en la declaración de impuestos para las pequeñas y medianas empresas (se desconoce cuántas o cuáles), pero deja por fuera a las grandes empresas que deberá pagar impuestos, aún con el toque de queda decretado por el gobierno.
José Luis Rivera, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), quien cuestionó que la Ley aprobado incluyó 41 artículos, pero solo siete fueron consensuados con el Poder Ejecutivo, sostiene que esperaban que el Congreso entendiera que la Ley no puede tener dedicatoria.
“Ahorita estamos buscando una Ley de Alivio, de cómo ayudamos a la población, al trabajador, al empresario grande, pequeño, chiquito a poder superar esta crisis. Básicamente los primeros siete artículos son los que fueron presentados a nosotros como empresarios y consensuamos”, señaló.
“Consideramos que también se deben incluir en forma similar a los de la pequeña y mediana empresa, el artículo 351 de la Constitución nos dice que todos somos iguales de trato, para todas las cuestiones aun incluyendo los tributos”, apuntó.
¿Qué dice el Artículo 351? El sistema tributario se regirá por los principios de legalidad, proporcionalidad, generalidad y equidad de acuerdo con la capacidad económicamente del contribuyente.
“La gran empresa es la que en su operación, le da y trabaja para una gran parte de la pequeña y la media con los insumos que estos les proveen, si la gran empresa cae, se van muchísimas de las medianas, no serviría de nada tener beneficios sólo para ellos”, advirtió.
Recordó que el 80% de los ingresos están en la gran empresa y las declaraciones fiscales no se pueden hacer cuando un toque de queda (por el coronavirus).
No hay liquidez y no lo entienden
Para Arturo Alvarado, ex ministro de Finanzas y directivo del Cohep, “cualquier respiro tributario que se pueda dar debe de incluir a todos los obligados tributarios”.
Alvarado, señaló que las personas (Ejecutivo y diputados) no entienden que esta es una crisis de liquidez, hay un problema del flujo de cajas de las empresas que están cerradas, no tienen ventas y algunas que han logrado abrir parcialmente con muchas limitaciones, tienen ventas reducidas, pero el problema fundamental es cobrar.
“O sea, mientras esas ventas no se traduzcan en efectivo se convierten en cuentas por cobrar y la empresa no ha generado el efectivo que necesita para atender los gastos suficiente, especialmente los gastos de la planilla salarial”, explicó.
“Pero, si entendemos cómo funciona el esquema del aparato productivo y de las transacciones comerciales, entonces deberíamos de entender también de que cualquier medida de alivio no debería de ser dirigida únicamente para ciertos sectores, sino tiene que abarcarlos a todos”, concluyó.
