Las empresas generadoras de energía renovable temen la paralización y retiro de inversiones en el sector, por las acusaciones públicos de la Maccih de mal manejo de contratos aprobados en administración de Porfirio Lobo.
La Misión de apoyo Contra la Corrupción en Honduras, acusó a varios funcionarios públicos por el incumplimiento de procedimiento de contratación de contratos de generación de energía.
Para Elsia Paz, presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), con esas acciones, la Maccih “lo único que hace es ahuyentar la inversión privada del país, ya que pone en duda el futuro de proyectos que fueron aprobados en base a la Ley, con el respaldo del Congreso”.
“Se manda un mal mensaje a los inversionistas y a los actuales funcionarios del sector que podría paralizar varios procedimientos por el temor de firmar documentos y que sean acusados”, agregó.
En un comunicado, la AHER, señala que todos lo contratos renovables se firmaron dentro de los parámetros que establece la Ley, (del subsector eléctrico y de promoción de generación renovable (ésta última otorgó incentivos adicionales).
“Vemos con gran preocupación las acciones que están tomando diferentes entidades para atacar al subsector eléctrico, sin realizar un análisis a profundidad de todas las leyes relacionadas al sector”.
Agregan que “sin institucionalidad, este tipo de acciones pueden profundizar aun más la severa situación financiera que enfrenta la ENEE y la paralización del aparato administrativo público.
“Es sumamente importante que en un Estado de derecho el respeto a la Ley y garantizar la seguridad jurídica, derivado de ello, se deben respetar las garantías constitucionales sobre la presunción de inocencia y el debido proceso”, agrega el documento.
Para el director del Cohep, Armando Urtecho, mientras “no se anulen los actos administrativos no pueden considerar ilegítimos, aunque viniera un Juez penal a querer justificar una acción contra una persona”.
Pero aquí, señaló, estamos haciendo al revés las cosas, queremos que se justifique un delito sin embargo todas las acciones administrativas siguen teniendo vigencia, las leyes siguen siendo vigentes no han sido derogadas por el Congreso Nacional de la República.
Ahora, si alguien cometió un delito a título personal responden a título personal, pero las acciones administrativas, las resoluciones siguen teniendo vigencia.
“Nosotros creemos que esa base no ha sido objeto de análisis y pone en precario no solamente estas inversiones, si no las futuras”, advirtió.
