La criminalidad repunta este comienzo del año y plantea la pregunta sobre el resultado del aumento presupuestario en materia de seguridad y defensa de los últimos años que llevo a crear un nuevo impuesto “tasa de seguridad poblacional”:
Solo el año pasado la tasa de seguridad (Tasón) generó 2.500 millones de lempiras que se destinaron para labores de policías, militares, magistrados y fiscales, todas instituciones que cuentan con sus propios presupuestos.
Según la Secretaría de Finanzas, este año el presupuesto de Seguridad supera los “6.569 millones de lempiras”, el de Defensa los “8.530 millones y el Instituto Penitenciario los 1.271 millones de lempiras”.
Los tres operadores directos contra el crimen suman un gasto anual de “16.370 millones de lempiras”.
Sin embargo, el país registra 41 muertos por cada 100.000 habitantes, el doble del promedio latinoamericano y muy lejos de la tasa global de 7 por cada 100.000 habitantes.
Revisar presupuestos
Las instituciones empresariales y educativas ha pedido al gobierno revisar las políticas de seguridad ya que la mayor contratación de policías y cambios internos no han dado los resultados esperados.
Al respecto la ministra de Finanzas, Rocío Tábora aseguró, por decisión del poder Ejecutivo “se está haciendo una revisión de los presupuestos asignados a las secretarías de Defensa y Seguridad”.
También está convocada una reunión, en esta semana, con los directivos de la Tasa de Seguridad Poblacional para revisar en detalle lo que se está haciendo con esos recursos que se trasladan a esos dos entes.
“Creo que tenemos espacio todavía para hacer más eficiente esos recursos para poder incrementar esa lucha que es de todos y que ya logrando bajar la tasa de homicidios”, declaró.
Tábora señala que hay que “trabajar mucho” en la prevención en la comunidad en los temas vinculados al consumo de alcohol, a la violencia contra la mujer y contra los niños.
Sin embargo, las partidas aprobadas por Finanzas en el Presupuesto 2019, son bajas.
Por ejemplo, para el instituto del menor infractor (donde se concentra el mayor número de miembros de maras y pandillas) el presupuesto es de “26 millones de lempiras”.
Para rehabilitación de infractores es de 8.8 millones de lempiras.
La mayor parte del gasto en la Secretaría de Seguridad es en salarios, mientras que Defensa es para salarios y compra de equipo bélico.
Tábora, quien descartó nuevos impuestos para estas instituciones, recordó que hay limitaciones de endeudamiento y que de necesitarse más presupuesto se revisaría el de otras instituciones estatales.
Para el Instituto Universitario Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas), la política estatal debe reorientarse a inversiones económicas y sociales que generen empleo y una nueva estrategia de seguridad en base al millonario presupuesto disponible.
