El Consejo de Ministros aprobó la intervención, otra vez, de la Empresa Nacional de Energía Nacional Eléctrica (ENEE) mediante el Decreto Ejecutivo PCM-067-2019, que destituye al gerente de la estatal de energía Leonardo Deras y deja la administración en manos de una Comisión Interventora, nombrada por la Presidencia.
La intervención durará “el resto de la actual administración” y reactiva el Decreto Legislativa 266-2013, que permite la suspensión temporal y permanente de personal “innecesario”.
Esta es nueva intervención establece cuatro objetivos básicos que, normalmente no ocuparían una intervención ya que están establecidas dentro de la Ley, pero que no se han cumplido por falta de voluntad política, de acuerdo a la opinión de empresarios.
Reactivan decreto 266-2013, ¿Despidos?
El acuerdo presidencial en su artículo 1 que la comisión interventora tiene las facultades establecidas en el artículo 100 reformado del decreto legislativo 266-2013 de la Ley General de la Administración Pública.
Dicho artículo señala: “La comisión interventora tiene las facultades que les correspondan a los administradores de las mismas, ejerciendo su representación legal. El acto de intervención es causa justificada para que la comisión interventora proceda a la suspensión temporal del personal, la terminación de contratos de trabajo o la revocación de Acuerdos del personal que se consideren innecesarios”.
Por esta inclusión, el sindicato ha realizado varias protestas en los últimos días y se esperan tomas de instalaciones y protestas.
Los miembros de la Comisión Interventora serán nombrados por el presidente y no se descarta la participación de personal de Finanzas y del Gabinete Económico.
Los objetivos de siempre
El PCM señala cuatro objetivos para la Comisión Interventora además que la intervención debe: “lograr a estabilización financiera de la ENEE a través de la recuperación de pérdidas”, ésta acción depende del contrato firmado con la empresa colombiana hondureña EEH.
El segundo objetivo es la “implementación de la Ley General del Sector Energético de Honduras”, esa Ley está vigente desde el 2014 y en 2018 se firmó un acuerdo gobierno empresarial, en Casa Presidencial, que no se ha cumplido.
La tercera función de los interventores es “rendir informes mensuales de la evaluación, avances y propuestas de reforma a la Presidencia”, algo que es obligatorio para los gerentes de la estatal.
Y la cuarta medida es cumplir con “las demás (normas) establecidas en la Ley General de la Administración Pública”, es decir la legislación actual.
